Texto completo de la propuesta

1.El presente Reglamento establece normas sobre los contratos públicos de obras, de suministro o de servicios y las concesiones de obras o de servicios adjudicados por uno o varios compradores públicos a uno o varios operadores económicos cuyo valor sea igual o superior a los umbrales establecidos en el artículo 2.

2.El presente Reglamento establece las normas de procedimiento aplicables a la adjudicación de contratos públicos y concesiones, así como los aspectos relacionados con la contratación de la planificación y la ejecución de dichos contratos y concesiones, fija los objetivos estratégicos que deben tenerse en cuenta y establece un marco para un ecosistema digital común que se utilizará en su planificación, adjudicación y ejecución, así como mecanismos para garantizar la eficiencia y la rendición de cuentas de la contratación pública.

3.El presente Reglamento no regula cuestiones relativas al Derecho administrativo general o al Derecho contractual de los Estados miembros más allá de las cuestiones a que se refieren los apartados 1 y 2. No afecta a la manera en que los Estados miembros organizan su administración pública, incluido el control financiero y presupuestario del gasto público, ni a la organización de sus sistemas de seguridad social.

4.La aplicación del presente Reglamento está sujeta al artículo 346 del Tratado. El presente Reglamento no impide la adopción o la aplicación de las medidas nacionales necesarias para la protección de la seguridad nacional de los Estados miembros de conformidad con el Tratado.

5.El presente Reglamento no afecta a la libertad de los Estados miembros, en virtud del artículo 4 del Tratado, de definir, de conformidad con el Derecho de la Unión, servicios de interés económico general, ni a la manera en que dichos servicios se organizan y financian, siempre que respeten las normas sobre ayudas estatales, ni a las obligaciones específicas a las que están sujetos. Además, el presente Reglamento no afecta a ninguna decisión de las autoridades públicas sobre si desean asumir ellas mismas funciones públicas, de qué manera y en qué medida, en virtud del artículo 14 del Tratado y del Protocolo n.º 26 del Tratado.

6.Los acuerdos, decisiones u otros instrumentos jurídicos que organizan la transferencia de competencias y responsabilidades para la realización de funciones públicas entre compradores públicos y que no prevén una remuneración por la ejecución contractual se consideran una cuestión de organización interna del Estado miembro de que se trate y, como tales, no se ven afectados en modo alguno por el presente Reglamento.

1.El presente Reglamento se aplica a los contratos públicos y las concesiones cuyo valor estimado, excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), sea igual o superior a los umbrales siguientes:

(a)5 404 000 EUR para los contratos públicos de obras y para las concesiones;

(b)140 000 EUR para los contratos públicos de suministro y los contratos públicos de servicios adjudicados por las autoridades de la Administración central enumeradas en el anexo I;

(c)216 000 EUR para los contratos públicos de suministro y los contratos públicos de servicios adjudicados por poderes adjudicadores subcentrales;

(d)432 000 EUR para los contratos públicos de suministro y los contratos públicos de servicios adjudicados por entidades adjudicadoras que operan en los sectores contemplados en la parte II, título I, capítulo 2;

(e)750 000 EUR para los contratos de servicios sociales, sanitarios y educativos adjudicados en virtud del artículo 58.

2.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 o, en casos de urgencia, al artículo 142, por los que se modifiquen los umbrales establecidos en el apartado 1 del presente artículo de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 3.

1.Cada dos años a partir del … [OP: insértese la fecha = el último día del mes de agosto posterior a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión verificará que los umbrales establecidos en el artículo 2, apartado 1, se corresponden con los umbrales establecidos en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio y, en caso necesario, revisará dichos umbrales de conformidad con el presente artículo.

2.La Comisión revisará los umbrales establecidos en el artículo 2 de conformidad con el método de cálculo establecido en el ACP. La Comisión calculará el valor de estos umbrales sobre la base del valor diario medio del euro expresado en derechos especiales de giro (DEG) durante un período de 24 meses que termine el 31 de agosto anterior a la revisión con efecto a partir del 1 de enero. El valor de los umbrales revisados se redondeará, en caso necesario, al millar de euros inferior, a fin de garantizar el respeto de los umbrales vigentes previstos por el ACP, expresados en DEG.

3.A partir del 1 de enero de 202X [OP: insértese el año siguiente al año de entrada en vigor del presente Reglamento], y posteriormente cada dos años, la Comisión determinará los valores, en las monedas nacionales de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, de los umbrales establecidos en el artículo 2 del presente Reglamento.

4.De conformidad con el método de cálculo establecido en el ACP, la Comisión determinará los valores a que se refiere el apartado 3 sobre la base de los valores diarios medios de dichas monedas correspondientes al umbral aplicable expresado en euros durante el período de 24 meses que termine el 31 de agosto anterior a la revisión con efecto a partir del 1 de enero del año siguiente.

5.La Comisión publicará los umbrales revisados, y sus valores correspondientes en las monedas nacionales de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, en el Diario Oficial de la Unión Europea a comienzos del mes de noviembre siguiente a su revisión.

6.Cuando sea necesario revisar los umbrales establecidos en el artículo 3 y razones imperiosas de urgencia impidan el uso del procedimiento establecido en el artículo 141 y, por tanto, así lo exijan razones imperiosas de urgencia, el procedimiento a que se refiere el artículo 142 se aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 2.

1.La contratación se regirá por el principio de la mejor calidad por el dinero público invertido, contribuyendo así al objetivo de un gasto y una inversión públicos eficientes.

2.Los compradores públicos tratarán a los operadores económicos originarios de la Unión y a los operadores económicos que sean operadores económicos cubiertos de conformidad con el artículo 70, apartado 1, de manera igualitaria y sin discriminación, dando pleno efecto a la libre circulación de personas, mercancías y servicios y a la libertad de establecimiento en el mercado interior de la Unión. Actuarán de manera transparente y proporcionada.

3.Los compradores públicos adoptarán las medidas adecuadas para garantizar la integridad del proceso de contratación y para prevenir circunstancias que puedan comprometer su imparcialidad y equidad. Los compradores públicos no podrán concebir su contratación de forma que quede excluida del ámbito de aplicación del presente Reglamento o que se restrinja indebidamente la competencia.

4.Los compradores públicos adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que, en la ejecución de los contratos públicos, los operadores económicos cumplan las obligaciones aplicables relativas a los objetivos estratégicos establecidos en el artículo 5, incluidas las obligaciones aplicables en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral establecidas por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por los convenios internacionales en materia de Derecho medioambiental, social y laboral enumerados en el anexo II.

La contratación pública se regirá por los objetivos estratégicos de la Unión, en particular:

(a)impulsar la competitividad de la Unión mediante un mercado interior próspero, el fomento de la innovación y el refuerzo de la base manufacturera e industrial limpia de la Unión;

(b)la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión;

(c)la búsqueda de la justicia social, de condiciones de trabajo justas y de una sociedad inclusiva, también tal como la fomenta el diálogo social;

(d)la seguridad física, la seguridad, la resiliencia y la seguridad económica de la Unión, también mediante la independencia estratégica.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

(1)«información clasificada»: toda información o material, independientemente de su forma, naturaleza o modo de transmisión, al que se haya atribuido un determinado nivel de clasificación de seguridad o de protección y que, en interés de la seguridad nacional y de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro de que se trate, requiera protección frente a cualquier apropiación indebida, destrucción, sustracción, divulgación, pérdida o acceso por parte de cualquier persona no autorizada, o frente a cualquier otro tipo de riesgo para su seguridad;

(2)«día»: día natural;

(3)«herramienta digital de credenciales empresariales»: herramienta digital que permite la verificación, el intercambio y el almacenamiento de pruebas relativas a los motivos de exclusión, los criterios de selección, el origen y otros requisitos establecidos con arreglo al presente Reglamento en el procedimiento de contratación y disponibles a través de la herramienta;

(4)«operador económico»: toda persona física o jurídica, o entidad pública, o agrupación de tales personas o entidades, o de ambas, como las empresas conjuntas, los consorcios u otras, incluida cualquier unión temporal sin personalidad jurídica, que ofrezca en el mercado la ejecución de una obra u obras, el suministro de productos o la prestación de servicios;

(5)«perfil de admisibilidad»: documento recopilado generado por el servicio electrónico de admisibilidad a que se refiere el artículo 133 que contiene información sobre el operador económico, incluida información relativa a su conformidad con los motivos de exclusión, los criterios de selección y el origen;

(6)«plataforma de contratación electrónica»: herramienta digital que permite la comunicación electrónica entre los compradores públicos y los operadores económicos a través de la red de interoperabilidad;

(7)«proveedor de servicios de contratación electrónica»: operador económico que ofrece una plataforma de contratación electrónica;

(8)«requisito funcional»: requisito que describe el rendimiento, la función deseada, la capacidad, el efecto o el resultado que se pretende que alcancen las obras, los productos o los servicios, sin hacer referencia a medios técnicos, diseños o métodos específicos mediante los cuales se alcancen dichas funciones o resultados;

(9)«norma armonizada»: norma armonizada tal como se define en el artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1025/2012;

(10)«contrato intensivo en mano de obra»: contrato cuyo objeto es tal que el coste de la mano de obra representa normalmente al menos el 50 % del valor total del contrato;

(11)«ciclo de vida»: todas las fases posibles, consecutivas o interrelacionadas, o ambas cosas, incluidas la investigación y el desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la producción, la comercialización y sus condiciones, el transporte, la utilización y el mantenimiento, a lo largo de la existencia del producto, las obras o los servicios, desde la adquisición de materias primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y el final del servicio o de la utilización;

(12)«microempresa, pequeña o mediana empresa» («pyme»): microempresa, pequeña o mediana empresa tal como se define en el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión;

(13)«contratación precomercial»: contratación de servicios de investigación y desarrollo que implica el reparto de riesgos y beneficios en condiciones de mercado y un desarrollo competitivo por fases;

(14)«detalles de la contratación»: toda información elaborada o mencionada por el comprador público para describir elementos de la contratación antes de la adjudicación, incluidos los resúmenes públicos, las especificaciones técnicas, el proyecto de contrato, los modelos para la presentación de información por parte de los operadores económicos, la información sobre las obligaciones de aplicación general y cualquier información adicional;

(15)«información sobre la contratación»: todo dato facilitado por el comprador público que abarque todo el ciclo de vida de la contratación, incluidas las fases anteriores y posteriores a la adjudicación del contrato;

(16)«contratación de servicios de investigación y desarrollo» («contratación de I+D»): contratación de investigación fundamental, investigación industrial y desarrollo experimental hasta el desarrollo original. El desarrollo original de un primer producto, servicio u obra podrá incluir una producción o un suministro limitados con el fin de incorporar los resultados de las pruebas de campo y de demostrar que el producto, servicio u obra de que se trate es apto para la producción o el suministro en cantidad con niveles de calidad aceptables, pero no incluirá la producción o el suministro en cantidad para determinar la viabilidad comercial o para recuperar los costes de investigación y desarrollo. La contratación de I+D podrá incluir la adquisición de la propiedad de prototipos o primeros productos, servicios u obras desarrollados a petición del comprador público en el transcurso de un contrato concreto de contratación de servicios de investigación y desarrollo y para dicho contrato, pero no incluirá el despliegue comercial de productos, servicios u obras finales;

(17)«comprador público»: un poder adjudicador con arreglo al artículo 7 o una entidad adjudicadora con arreglo al artículo 8;

(18)«contrato público»: contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios compradores públicos y cuyo objeto es la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios;

(19)«contratos públicos de servicios»: contrato público cuyo objeto es la prestación de servicios distintos de los contemplados en el punto 22;

(20)«resumen público»: visión de conjunto de la contratación en un momento dado publicada por el comprador público;

(21)«contrato público de suministro»: contrato público cuyo objeto es la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos, con o sin opción de compra, de productos. Los productos podrán ser nuevos, usados, reacondicionados, refabricados y productos como servicio. Un contrato público de suministro podrá incluir, de forma accesoria, operaciones de colocación e instalación;

(22)«contrato público de obras»: contrato público cuyo objeto es uno de los siguientes:

(a)la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución, de obras relativas a una de las actividades mencionadas en el anexo V;

(b)la ejecución, o bien conjuntamente el proyecto y la ejecución, de una obra;

(c)la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por el poder adjudicador que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra;

(23)«reto de la sociedad»: evolución o situación que tiene repercusiones en la prestación eficaz y eficiente de las funciones públicas y que afecta al funcionamiento del comprador o los compradores públicos de que se trate o a las personas que dependen de esos servicios;

(24)«propuesta de solución innovadora»: propuesta de un operador económico en la que expone su enfoque innovador para hacer frente a un reto de la sociedad, incluidos los riesgos que conlleva, las posibles repercusiones y beneficios, y su visión para desarrollar, probar y aplicar la solución innovadora en cooperación con el comprador público;

(25)«subcontratista»: operador económico que adquiere por vía contractual la responsabilidad de ejecutar una parte del contrato público —excluido el mero suministro de bienes o piezas necesarios para la realización de una obra o la prestación de un servicio— de un operador económico al que se ha adjudicado dicho contrato público;

(26)«objeto del contrato»: las obras, los servicios o los suministros que el comprador público pretende adquirir mediante la contratación con vistas a satisfacer sus necesidades;

(27)«obra»: el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica.

1.A efectos del presente Reglamento, serán poderes adjudicadores las autoridades de la Administración central, los poderes adjudicadores subcentrales, los organismos de Derecho público o las asociaciones constituidas por uno o varios de dichos poderes adjudicadores, con independencia de que el procedimiento de contratación sea llevado a cabo por una o varias unidades administrativas específicas dentro de ellos.

2.A efectos del presente Reglamento, serán autoridades de la Administración central las autoridades enumeradas en el anexo I y, en la medida en que se hayan introducido correcciones o modificaciones a nivel nacional, las entidades que las sucedan. Cuando se introduzcan correcciones o modificaciones a nivel nacional, los Estados miembros lo notificarán a la Comisión en un plazo de tres meses.

3.Se entenderá por poderes adjudicadores subcentrales cualquiera de los siguientes:

(a)las autoridades estatales, regionales o locales distintas de las enumeradas en el anexo I;

(b)las centrales de compras que no sean ellas mismas autoridades de la Administración central;

(c)los organismos de Derecho público descritos en el apartado 4.

4.A efectos del presente Reglamento, serán organismos de Derecho público los organismos que reúnan todas las condiciones siguientes:

(a)que tengan como finalidad específica satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil;

(b)que estén dotados de personalidad jurídica;

(c)que estén financiados en más del 50 % por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público; o que estén sujetos a la gestión y supervisión de dichas autoridades u organismos; o que tengan un órgano de administración, de dirección o de supervisión más de la mitad de cuyos miembros sean nombrados por el Estado, las autoridades regionales o locales u otros organismos de Derecho público.

5.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 a fin de modificar el anexo I mediante la actualización de la lista de autoridades de la Administración central sobre la base de las notificaciones recibidas de los Estados miembros en virtud del apartado 2 del presente artículo.

1.A efectos del presente Reglamento, serán entidades adjudicadoras los poderes adjudicadores, las empresas públicas y las entidades que operan sobre la base de derechos especiales o exclusivos y que llevan a cabo una o varias de las actividades contempladas en los artículos 12 a 18 o cualquier combinación de ellas, salvo que la actividad esté directamente expuesta a la competencia en mercados cuyo acceso no esté limitado en el sentido del artículo 19.

2.Será empresa pública toda empresa sobre la que uno o varios poderes adjudicadores puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen. Se presumirá que los poderes adjudicadores ejercen una influencia dominante en cualquiera de los casos siguientes en que, directa o indirectamente:

(a)posean la mayoría del capital suscrito de la empresa;

(b)controlen la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa;

(c)puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de supervisión de la empresa.

3.A efectos del presente Reglamento, serán derechos especiales o exclusivos los derechos concedidos por una autoridad competente de un Estado miembro mediante cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa cuyo efecto sea limitar a una o varias entidades el ejercicio de las actividades contempladas en los artículos 12 a 18 y que afecten sustancialmente a la capacidad de otras entidades de ejercer dicha actividad. Los derechos que se hayan concedido mediante un procedimiento en el que se haya garantizado una publicidad adecuada y en el que la concesión de dichos derechos se haya basado en criterios objetivos no constituirán derechos especiales o exclusivos en el sentido del párrafo primero. Entre los procedimientos a que se refiere el párrafo segundo figuran, entre otros:

(a)los procedimientos de contratación con convocatoria de licitación previa de conformidad con la Directiva 2009/81/CE o con un resumen público de licitación en virtud del presente Reglamento;

(b)los procedimientos en virtud de otros actos jurídicos de la Unión que garanticen una transparencia previa adecuada para la concesión de autorizaciones sobre la base de criterios objetivos, incluidos, entre otros, los procedimientos con arreglo a los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo III.

1.Los compradores públicos podrán organizar sus actividades de contratación mediante la creación y la utilización de centrales de compras de conformidad con las normas establecidas en el presente artículo.

2.A efectos del presente Reglamento, serán centrales de compras los compradores públicos que lleven a cabo las actividades siguientes:

(a)actuar como mayorista comprando y revendiendo a compradores públicos soluciones adquiridas en el mercado;

(b)actuar como intermediario publicando resúmenes y adjudicando contratos para compradores públicos; Las centrales de compras podrán también, además de las actividades indicadas anteriormente, realizar actividades de contratación conjunta o participar en ellas, o prestar a los compradores públicos servicios auxiliares de apoyo a la compra, incluidos la asistencia técnica, la infraestructura técnica o el asesoramiento.

3.Los compradores públicos indicarán en los resúmenes públicos con arreglo al artículo 110 cuándo actúan como central de compras.

4.Todo comprador público podrá adquirir soluciones de cualquier central de compras establecida en la Unión o a través de ella sin aplicar los procedimientos establecidos en el presente Reglamento para la prestación de los servicios de la central de compras.

5.Se considerará que un comprador público que adquiera una solución de una central de compras o a través de ella, que para dicha solución estaba obligada a aplicar el presente Reglamento y lo ha aplicado, cumple el presente Reglamento en lo que respecta a la contratación de dicha solución.

6.Se considerará que un comprador público que adquiera una solución de una institución, órgano u organismo de la Unión o a través de ellos, que lleve a cabo una contratación conjunta, actúe en nombre de los Estados miembros o actúe como central de compras en virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 o de otros actos jurídicos de la Unión distintos del presente Reglamento que prevean la realización de contrataciones conjuntas o la actuación en nombre de los Estados miembros o como central de compras, cumple el presente Reglamento en lo que respecta a la contratación de dicha solución.

1.Dos o más compradores públicos, incluidos los de distintos Estados miembros, podrán actuar conjuntamente en la adjudicación de determinados contratos públicos específicos.

2.El procedimiento de contratación conjunta se regulará mediante un acuerdo entre las partes que determine, entre otras cosas:

(a)las responsabilidades respectivas de las partes interesadas, la responsabilidad de la gestión del procedimiento conjunto, el reparto de las obras, suministros o servicios que vayan a contratarse conjuntamente o de los derechos que vayan a transferirse; y

(b)cuando los compradores públicos sean de distintos Estados miembros, el ordenamiento jurídico que rige el procedimiento y, en consecuencia, la legislación aplicable a los litigios, el órgano de recurso competente y la jurisdicción aplicable, así como el Derecho por el que se rigen los contratos públicos resultantes.

El reparto de responsabilidades y el Derecho nacional aplicable se indicarán en los detalles de la contratación de los contratos públicos adjudicados conjuntamente.

3.El presente artículo se entiende sin perjuicio del artículo 9, apartado 6, y del artículo 69, apartado 3, letra f), del presente Reglamento y del artículo 168, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 o de otros actos jurídicos de la Unión.

1.A efectos de los artículos 12, 13 y 14, el término «suministro» incluirá la generación o producción, la venta al por mayor y la venta al por menor.

2.La producción de gas mediante extracción estará comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 18.

1.En lo que respecta al gas y la calefacción, el presente Reglamento se aplica a las actividades siguientes:

(a)la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de gas o de calefacción;

(b)el suministro de gas o de calefacción a las redes contempladas en la letra a).

2.El suministro de gas o de calefacción a redes fijas que prestan un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de un poder adjudicador no constituirá una actividad pertinente en el sentido del apartado 1 del presente artículo cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

(a)que la producción de gas o de calefacción por dicha entidad adjudicadora sea la consecuencia inevitable del ejercicio de actividades distintas de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo o en los artículos 13, 14 o 15;

(b)que la alimentación de la red pública tenga como único objetivo la explotación económica de dicha producción y no represente más del 20 % del volumen de negocios de la entidad adjudicadora tomando como referencia la media de los tres años anteriores al año en que se realice el suministro.

1.En lo que respecta a la electricidad, el presente Reglamento se aplica a las actividades siguientes:

(a)la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de electricidad;

(b)el suministro de electricidad a las redes contempladas en la letra a).

2.El suministro de electricidad a redes fijas que prestan un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de un poder adjudicador no se considerará una actividad pertinente en el sentido del apartado 1 del presente artículo cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

(a)que la producción de electricidad por dicha entidad adjudicadora se realice porque su consumo propio es necesario para el ejercicio de actividades distintas de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo o en los artículos 12, 14 o 15;

(b)que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del consumo propio de dicha entidad adjudicadora y no haya superado el 30 % de la producción total de energía de dicha entidad adjudicadora, tomando como referencia la media de los tres años anteriores al año en que se realice el suministro.

1.En lo que respecta al agua, el presente Reglamento se aplica a las actividades siguientes:

(a)la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable;

(b)el suministro de agua potable a las redes contempladas en la letra a).

2.El presente Reglamento se aplicará también a los contratos adjudicados por entidades adjudicadoras que ejerzan una actividad contemplada en el apartado 1 y que estén relacionados con una de las actividades siguientes:

(a)proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje, siempre que el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 % del volumen total de agua disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje;

(b)la evacuación o el tratamiento de aguas residuales.

3.El suministro de agua potable a redes fijas que prestan un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora distinta de un poder adjudicador no se considerará una actividad pertinente en el sentido del apartado 1 del presente artículo cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

(a)que la producción de agua potable por dicha entidad adjudicadora se realice porque su consumo por parte de dicha entidad adjudicadora es necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en los artículos 14 a 17;

(b)que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del consumo propio de dicha entidad adjudicadora y no haya superado el 30 % de la producción total de agua potable de dicha entidad adjudicadora, tomando como referencia la media de los tres años anteriores al año en que se realice el suministro.

1.El presente Reglamento se aplica a la puesta a disposición o la explotación de redes que presten un servicio al público en el ámbito del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.

2.En lo que respecta a los servicios de transporte, se considerará que existe una red cuando el servicio se preste con arreglo a las condiciones operativas establecidas por una autoridad competente de un Estado miembro, tales como las condiciones relativas a los itinerarios que deban cubrirse, la capacidad que deba ofrecerse o la frecuencia del servicio.

El presente Reglamento se aplica a la explotación de una zona geográfica con el fin de poner a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o por vías navegables interiores aeropuertos y puertos marítimos o interiores u otras terminales de transporte.

1.El presente Reglamento se aplica a las actividades relacionadas con la prestación de los servicios siguientes:

(a)servicios postales;

(b)servicios distintos de los servicios postales, a condición de que dichos servicios sean prestados por una entidad que también preste servicios postales tal como se definen en el apartado 2, letra b), del presente artículo y siempre que no se cumplan, respecto de dichos servicios, las condiciones establecidas en el artículo 19.

2.A efectos del presente artículo y sin perjuicio de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo:

(a)«envío postal»: envío con destinatario, presentado en la forma definitiva en la que deba ser transportado, cualquiera que sea su peso. Además de los envíos de correspondencia, dichos envíos incluyen también, por ejemplo, libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas y paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial, cualquiera que sea su peso;

(b)«servicios postales»: servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de envíos postales, incluidos los servicios comprendidos tanto en el ámbito de aplicación de la obligación de servicio universal establecida en el artículo 3 de la Directiva 97/67/CE como fuera de él;

(c)«servicios distintos de los servicios postales»: servicios prestados en los ámbitos siguientes:

(i)servicios de gestión de servicios de correo, tanto previos como posteriores al envío, incluidos los servicios de gestión de salas de correo;

(ii)servicios relativos a envíos postales no incluidos en la letra a), como la publicidad directa por correo sin destinatario.

El presente Reglamento se aplica a la explotación de una zona geográfica con el fin de:

(a)extraer petróleo o gas;

(b)prospectar o extraer carbón u otros combustibles sólidos.

1.El presente Reglamento no se aplica a los contratos destinados a la realización de las actividades enumeradas en los artículos 12 a 18, en relación con una zona geográfica determinada, si la actividad está directamente expuesta a la competencia en mercados cuyo acceso no está limitado en dicha zona geográfica, cuando así se establezca mediante un acto de ejecución adoptado en virtud del artículo 20, apartado 4.

2.A efectos del apartado 1, la cuestión de si una actividad está directamente expuesta a la competencia se decidirá sobre la base de criterios que se ajusten a las disposiciones del Tratado en materia de competencia, y sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia a la situación objeto de la decisión. Dichos criterios podrán incluir los siguientes:

(a)las características de los productos o servicios de que se trate;

(b)la existencia de productos o servicios alternativos considerados sustituibles desde el punto de vista de la oferta o de la demanda;

(c)los precios; y

(d)la presencia, real o potencial, de más de un proveedor de los productos o prestador de los servicios en cuestión en el mercado de referencia.

La actividad de que se trate podrá formar parte de un sector más amplio o ejercerse únicamente en determinadas partes del territorio de la Unión, incluidas determinadas partes de los Estados miembros.

3.La zona geográfica sobre cuya base se evalúa la exposición directa a la competencia consistirá en una zona en la que las empresas de que se trate intervienen en la oferta y la demanda de productos o servicios, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de las zonas vecinas debido, en particular, a que las condiciones de competencia son sensiblemente distintas en dichas zonas. Dicha evaluación tendrá en cuenta principalmente las diferencias apreciables en las cuotas de mercado de las empresas y la existencia de barreras de entrada al mercado o de preferencias de los consumidores. También tendrá en cuenta factores como la naturaleza y las características de los productos o servicios de que se trate y cualquier diferencia sustancial de precios entre la zona de que se trate y las zonas vecinas. El ámbito territorial de la zona sobre cuya base se evalúa la exposición a la competencia se limitará al territorio del Estado miembro.

4.A efectos del apartado 1, se considerará que el acceso a un mercado no está limitado si el Estado miembro ha incorporado y aplicado los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo IV. En caso contrario, deberá demostrarse que el acceso al mercado de que se trate es libre de hecho y de derecho.

1.Cuando un Estado miembro o una entidad adjudicadora considere que una actividad determinada está directamente expuesta a la competencia en mercados cuyo acceso no está limitado, podrá presentar a la Comisión, como paso preparatorio de una posible solicitud formal de exención, una cuestión preliminar sobre la aplicabilidad del artículo 19 con arreglo al apartado 2 del presente artículo o, directamente, una solicitud formal de exención con arreglo al apartado 3 del presente artículo, a fin de que se establezca que la actividad en cuestión no está sujeta al presente Reglamento.

2.Durante la fase preparatoria facultativa posterior a la presentación de una cuestión preliminar, la Comisión, con un espíritu de cooperación leal, llevará a cabo una evaluación inicial de las condiciones establecidas en el artículo 19. Dicha evaluación se basará en toda la información pertinente para dicha actividad que ya obre en poder de la Comisión o de que esta disponga. Para completar la información que ya obre en su poder, la Comisión podrá solicitar información adicional a la entidad adjudicadora o al Estado miembro de que se trate, o a cualquier otra parte competente en relación con la actividad y el mercado de que se trate. La Comisión podrá invitar a la entidad adjudicadora, al Estado miembro y a otras partes interesadas a nuevos intercambios escritos u orales para examinar si se cumplen las condiciones para conceder una exención, también en lo que respecta a la aclaración de hechos, datos o razonamientos que falten. La Comisión responderá a la cuestión de evaluación preliminar en un plazo de 180 días naturales a partir de su presentación. Si la información recabada al evaluar la cuestión preliminar es suficiente para concluir que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 19, la Comisión pondrá fin a la fase preparatoria, eximirá de la presentación de una solicitud formal de exención y adoptará un acto de ejecución por el que se declare que la actividad pertinente ha quedado exenta en virtud del apartado 4 del presente artículo. El Estado miembro o la entidad adjudicadora de que se trate podrá presentar una solicitud formal en cualquier momento antes de que finalice el plazo a que se refiere el párrafo segundo. Si la información recabada al evaluar la cuestión preliminar no es suficiente para concluir que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 19, la Comisión informará al Estado miembro o a la entidad adjudicadora de que se trate, tras lo cual el Estado miembro o la entidad adjudicadora podrá decidir presentar una solicitud formal de exención con arreglo al apartado 3 del presente artículo.

3.Tras la presentación de una solicitud formal de exención, ya sea directamente o tras un resultado no concluyente, negativo o parcialmente negativo de la fase preparatoria, la Comisión llevará a cabo una evaluación completa de las condiciones establecidas en el artículo 19. La solicitud formal de exención incluirá todos los hechos pertinentes y, en particular, información sobre cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa o acuerdo relativo al cumplimiento de dichas condiciones. Podrá incluir una posición adoptada por una autoridad nacional independiente que sea competente en relación con la actividad de que se trate. La forma, el contenido y otros detalles de la solicitud de exención se ajustarán a los requisitos del acto de ejecución basado en el apartado 10 del presente artículo.

4.Tras su evaluación de la información presentada, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución adoptados dentro de los plazos establecidos en el párrafo segundo del presente apartado, si una actividad está directamente expuesta a la competencia sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 19. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 143, apartado 2. La actividad dejará de estar sujeta al presente Reglamento cuando:

(a)la Comisión haya adoptado un acto de ejecución por el que se establezca que la actividad está directamente expuesta a la competencia dentro del plazo previsto en la letra b);

(b)la Comisión no haya adoptado el acto de ejecución dentro de los plazos siguientes:

(i)en caso de que la solicitud de exención no vaya acompañada de una posición adoptada por una autoridad nacional independiente:

(1)90 días;

(2)120 días cuando la Comisión informe excepcionalmente a la entidad adjudicadora y al Estado miembro de que se trate de que el grado de complejidad de la solicitud de exención requiere más tiempo para analizar la situación de competencia en el mercado o la actividad de que se trate;

(ii)en caso de que la solicitud de exención vaya acompañada de una posición adoptada por una autoridad nacional independiente:

(1)60 días;

(2)excepcionalmente, 80 días, cuando la Comisión informe a la entidad adjudicadora y al Estado miembro de que se trate de que el grado de complejidad de la solicitud de exención requiere más tiempo para analizar la situación de competencia en el mercado o la actividad de que se trate.

Dichos plazos comenzarán a correr el primer día hábil siguiente a la fecha en que la Comisión reciba la solicitud de exención o, cuando la información que deba facilitarse con la solicitud de exención esté incompleta, el día hábil siguiente a la recepción de la información completa. Los plazos establecidos en la letra b) podrán ser prorrogados por la Comisión con el acuerdo del Estado miembro o de la entidad adjudicadora de que se trate. La Comisión podrá solicitar al Estado miembro o a la entidad adjudicadora de que se trate, a la autoridad nacional independiente o a cualquier otra autoridad nacional competente la información que considere necesaria para llevar a cabo su evaluación, incluida la información adicional conexa o las aclaraciones sobre la información ya facilitada. Los plazos establecidos en la letra b) quedarán suspendidos hasta la recepción de la información completa y correcta.

5.Tras la presentación de una solicitud de exención, el Estado miembro o la entidad adjudicadora de que se trate podrá, con el acuerdo de la Comisión, modificar sustancialmente su solicitud de exención, en particular en lo que respecta a las actividades o las zonas geográficas de que se trate. En tal caso, se aplicará un nuevo plazo para la adopción del acto de ejecución, que se calculará de conformidad con el apartado 4, letra b), salvo que la Comisión y el Estado miembro o la entidad adjudicadora de que se trate acuerden un plazo más corto.

6.Si, en el contexto de una solicitud de exención, la Comisión dirige al Estado miembro o a la entidad adjudicadora de que se trate una solicitud de información que quede sin respuesta durante 180 días, se considerará retirada la solicitud de exención.

7.Cuando una actividad en un Estado miembro determinado ya sea objeto de un procedimiento con arreglo a los apartados 1 y 5, las nuevas solicitudes de exención relativas a la misma actividad en el mismo Estado miembro presentadas antes de que expire el plazo abierto respecto de la primera solicitud de exención no se considerarán nuevos procedimientos, sino que se tramitarán en el contexto y dentro del plazo de la primera solicitud de exención.

8.La Comisión podrá llevar a cabo de oficio un nuevo análisis de las condiciones para conceder una exención, también a raíz de información procedente de un tercero, o en caso de solicitud formal de un Estado miembro.

9.La Comisión pondrá a disposición información sobre la aplicabilidad del artículo 19, apartado 1, a las actividades cubiertas en relación con un mercado y una actividad determinados, incluido el hecho de la presentación de una solicitud de exención, los plazos aplicables para su evaluación y cualquier prórroga o suspensión de estos. La Comisión publicará también información sobre las cuestiones preliminares y los nuevos análisis llevados a cabo en virtud del apartado 8.

10.Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar actos de ejecución por los que se establezcan normas detalladas para la aplicación de los apartados 1 a 9, incluidas, como mínimo, normas relativas a:

(a)las disposiciones de aplicación relativas a la forma, el contenido y otros detalles de las cuestiones preliminares y de las solicitudes de exención con arreglo a los apartados 1 y 3;

(b)la publicación con arreglo al apartado 9.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 143, apartado 2.

1.Los compradores públicos no exigirán a los operadores económicos que tengan una forma jurídica determinada para participar en el procedimiento de contratación.

2.No podrán ser rechazados los operadores económicos que, con arreglo a la legislación del Estado miembro en que estén establecidos, estén habilitados para realizar los suministros, las obras o los servicios de que se trate, por el mero hecho de que, con arreglo a la legislación del Estado miembro en que vaya a adjudicarse el contrato, el operador económico habría tenido que ser una persona física o una persona jurídica.

3.En el caso de los servicios, las obras o las operaciones de colocación e instalación, los compradores públicos podrán exigir a las personas jurídicas que indiquen, antes del inicio de la ejecución de las tareas de que se trate, los nombres y las cualificaciones pertinentes del personal responsable de la ejecución del contrato en cuestión.

1.Los compradores públicos no establecerán, con arreglo al artículo 27, criterios de selección para las agrupaciones de operadores económicos que difieran de los establecidos para otros operadores económicos, salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo. Se considerará que una agrupación de operadores económicos cumple un criterio de selección cuando:

(a)un operador económico de la agrupación posea la capacidad técnica y profesional o la solvencia económica y financiera necesarias; o

(b)dicha capacidad o solvencia pueda acreditarse combinando la capacidad técnica y profesional o la solvencia económica y financiera pertinentes de dos o varios miembros de la agrupación, a menos que dicha combinación no permita alcanzar el mismo nivel de capacidad o solvencia.

2.Cuando esté justificado por la naturaleza del contrato y de conformidad con el principio de proporcionalidad, los compradores públicos podrán:

(a)establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, letras a) o b), en relación con los criterios de selección pertinentes para determinadas tareas críticas;

(b)exigir que determinadas tareas críticas sean realizadas directamente por el miembro de la agrupación que cumpla el criterio de selección pertinente para dicha tarea.

Los compradores públicos determinarán las tareas críticas y los requisitos conexos, indicándolos claramente, junto con su justificación, en los detalles de la contratación.

3.Solo podrá permitirse que las condiciones de ejecución del contrato por parte de agrupaciones de operadores económicos difieran de las impuestas a otros operadores económicos cuando esté justificado por razones objetivas, que sean proporcionadas y se indiquen claramente en los detalles de la contratación.

4.Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social, los compradores públicos no exigirán que una agrupación de operadores económicos adopte una forma jurídica determinada, tampoco una vez que se le haya adjudicado el contrato.

5.Los compradores públicos prestarán especial atención a no crear obstáculos injustificados o desproporcionados relacionados con el tamaño de los operadores económicos que participen en una agrupación, en particular en el caso de las pymes.

1.En lo que respecta a los criterios de selección establecidos por el comprador público con arreglo al artículo 27, los operadores económicos podrán recurrir a las capacidades de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas o de su forma jurídica.

2.El comprador público comprobará si las entidades a cuyas capacidades el operador económico tiene intención de recurrir en relación con uno o varios criterios de selección cumplen los criterios de selección pertinentes y si existen motivos para su exclusión. El comprador público exigirá que el operador económico sustituya a una entidad que no cumpla un criterio de selección pertinente o respecto de la cual existan motivos de exclusión obligatorios. El comprador público podrá exigir que el operador económico sustituya a una entidad respecto de la cual existan motivos de exclusión facultativos.

3.Los compradores públicos podrán solicitar en los detalles de la contratación que el operador económico demuestre que dispondrá de los recursos pertinentes de la entidad a la que tiene intención de recurrir durante todo el período de ejecución del contrato, por ejemplo, mediante una declaración en tal sentido de dichas entidades.

4.Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el comprador público podrá exigir que el operador económico y dichas entidades sean solidariamente responsables ante el comprador público de la ejecución del contrato.

5.Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades para acreditar la capacidad técnica y profesional, el comprador público podrá exigir en los detalles de la contratación que dicha otra entidad ejecute las obras o preste los servicios para los cuales se requieran dichas capacidades.

1.Podrán subcontratarse partes del contrato público. Un contrato adjudicado a un operador económico no podrá subcontratarse en su totalidad ni volver a subcontratarse en su totalidad.

2.Los compradores públicos exigirán a los operadores económicos que indiquen en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar a terceros, así como los subcontratistas propuestos. Podrán exigir al contratista principal que les informe, tras la adjudicación del contrato y antes del inicio de la ejecución del contrato, de las tareas y actividades que tenga intención de subcontratar. También podrán exigir información sobre la identidad de los subcontratistas. Los compradores públicos exigirán al contratista principal que facilite la información a que se refiere el párrafo segundo en los casos siguientes:

(a)contratos públicos de obras;

(b)servicios que deban prestarse en una instalación bajo la supervisión directa del comprador público;

(c)contratos que se haya determinado que presentan o incluyen un riesgo para la seguridad o la seguridad pública contemplado en el artículo 66;

(d)contratos en los que se haga uso de los requisitos de preferencia europea a que se refiere el artículo 73.

El comprador público exigirá al contratista principal que le notifique lo antes posible, durante la ejecución del contrato, cualquier cambio en la información facilitada en virtud del párrafo tercero.

3.El comprador público exigirá al operador económico que sustituya a un subcontratista respecto del cual existan motivos de exclusión obligatorios con arreglo al artículo 25. El comprador público podrá exigir al operador económico que sustituya a un subcontratista respecto del cual existan motivos de exclusión facultativos con arreglo al artículo 26.

4.Cuando el comprador público haya hecho uso de cualquiera de los requisitos de preferencia europea a que se refiere el artículo 73 o haya incluido medidas de seguridad de conformidad con el artículo 66, el operador económico solo podrá introducir o sustituir un subcontratista siempre que este cumpla los requisitos de preferencia europea o las medidas de seguridad establecidos por el comprador público.

5.Cuando esté justificado por la naturaleza del contrato y de conformidad con el principio de proporcionalidad, los compradores públicos podrán exigir que determinadas tareas críticas sean realizadas directamente por el contratista principal. Los compradores públicos determinarán las tareas críticas y los requisitos conexos, indicándolos claramente, junto con su justificación, en los detalles de la contratación.

6.La subcontratación con arreglo a las disposiciones del presente artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad del contratista principal.

7.La observancia por parte de los subcontratistas de las obligaciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, se garantiza mediante la actuación adecuada de las autoridades nacionales competentes que actúen en el marco de sus responsabilidades y competencias. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener medidas proporcionadas adicionales que limiten la subcontratación cuando hayan detectado un riesgo mayor, debidamente fundamentado, de incumplimiento de las obligaciones en materia de Derecho social y laboral.

1.Los compradores públicos excluirán en cualquier momento del procedimiento a un operador económico, incluidos los miembros individuales de una agrupación de operadores económicos, de la participación en un procedimiento de contratación cuando dicho operador económico, o una persona clave en el funcionamiento de una persona jurídica tal como se define en el párrafo segundo, haya sido objeto, en cualquier Estado miembro, de una condena mediante sentencia firme por cualquiera de los delitos enumerados en el presente párrafo o, en lo que respecta a los Estados miembros que no estén vinculados por el acto jurídico pertinente de la Unión, por delitos establecidos en la legislación nacional equivalente:

(a)participación en una organización delictiva, tal como se define en el artículo 1, punto 1, de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo;

(b)delitos de corrupción, en el sentido de la Directiva (UE) 2026/1021;

(c)fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, en el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, e infracciones penales a que se refieren los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva (UE) 2017/1371;

(d)delitos de terrorismo y delitos relacionados con un grupo terrorista, así como delitos relacionados con actividades terroristas, a que se refieren los artículos 3 a 12 de la Directiva (UE) 2017/541;

(e)blanqueo de capitales en el sentido del artículo 3 de la Directiva (UE) 2018/1673;

(f)trata de seres humanos en el sentido del artículo 2 de la Directiva (UE) 2011/36;

(g)infracciones penales relativas al empleo de nacionales de terceros países en situación irregular, a que se refieren los artículos 2, 3 y 9 de la Directiva 2009/52/CE;

(h)infracciones penales contra el medio ambiente a que se refieren los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2024/1203;

(i)infracciones penales relativas a la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a que se refieren los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2024/1226;

(j)utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo a que se refieren los artículos 3 a 8 de la Directiva 2019/713/UE;

(k)delitos en el ámbito de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores a que se refieren los artículos 3 a 9 de la Directiva (UE) 2011/93.

Se entenderá por persona clave en el funcionamiento de una persona jurídica la persona que ocupe una posición directiva en la persona jurídica sobre la base de cualquiera de los elementos siguientes:

(a)un poder de representación de la persona jurídica;

(b)una facultad para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;

(c)una facultad para ejercer el control en la persona jurídica.

2.Los motivos de exclusión establecidos en el presente artículo se aplicarán durante cinco años a partir de la fecha en que se dicte la sentencia firme, salvo cuando el período de exclusión haya sido fijado por la sentencia firme, lo que significa que no podrá adoptarse ninguna decisión de exclusión una vez expirados los períodos a que se refiere la presente frase.

3.Los compradores públicos excluirán en cualquier momento del procedimiento a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando tengan conocimiento de que el operador económico o contratista ha incumplido sus obligaciones relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social y ello ha quedado establecido mediante resolución judicial o administrativa firme, salvo si, en ese momento, el operador económico ha celebrado un acuerdo vinculante para el pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad social adeudados, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas. Los compradores públicos podrán establecer una excepción a la exclusión obligatoria prevista en el párrafo primero cuando una exclusión resulte claramente desproporcionada, en particular cuando solo queden sin pagar pequeños importes.

4.Los compradores públicos podrán decidir establecer, con carácter excepcional, una excepción a la exclusión obligatoria prevista en el presente artículo por razones imperiosas de interés general, como la salud pública o la protección del medio ambiente. Toda decisión de establecer una excepción y su justificación se documentarán en la documentación individual con arreglo al artículo 109.

1.Los compradores públicos podrán excluir en cualquier momento del procedimiento a un operador económico, incluidos los miembros individuales de agrupaciones de operadores económicos, de la participación en un procedimiento de contratación cuando:

(a)el comprador público pueda demostrar por cualquier medio adecuado que el operador económico ha incumplido obligaciones aplicables en virtud de la legislación pertinente de la Unión, a que se refiere el artículo 4, apartado 4;

(b)el operador económico esté en quiebra o sea objeto de un procedimiento de insolvencia o de liquidación o se encuentre en una situación comparable;

(c)el comprador público pueda demostrar por medios adecuados que el operador económico ha cometido una falta profesional grave que pone en entredicho su integridad o fiabilidad;

(d)el comprador público tenga indicios suficientemente plausibles para concluir que el operador económico ha llegado a acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia;

(e)el operador económico haya mostrado deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de un requisito de fondo en el marco de un contrato público anterior que hayan dado lugar a la resolución anticipada de ese contrato anterior, a indemnizaciones por daños y perjuicios o a otras sanciones comparables por parte del comprador público;

(f)el operador económico, en el marco del procedimiento de que se trate, haya sido declarado responsable de falsedad grave en relación con la información exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección, o haya procurado de otro modo obtener indebidamente ventajas en el procedimiento de contratación pública;

(g)el comprador público pueda demostrar por cualquier medio adecuado, incluidas, entre otras, la información clasificada o las evaluaciones no divulgables públicamente facilitadas por las autoridades nacionales competentes, que el operador económico no posee la fiabilidad suficiente para excluir riesgos para los intereses de seguridad y de seguridad pública de la Unión o de uno o varios Estados miembros;

(h)el operador económico se haya beneficiado de subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior, determinadas mediante un acto de ejecución adoptado por la Comisión en virtud del artículo 31, apartado 2, del Reglamento (UE) 2022/2560, en los tres años anteriores al procedimiento de contratación pública, y el comprador público tenga indicios suficientemente plausibles para concluir que es probable que las subvenciones extranjeras de que se trate repercutan en la oferta del operador económico.

2.Todo operador económico objeto de una exclusión con arreglo al apartado 1 podrá aportar pruebas para refutar la existencia del motivo de exclusión o para demostrar que ha adoptado medidas suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia del motivo de exclusión. A tal efecto, el operador económico deberá demostrar, en particular, que:

(a)ha pagado o se ha comprometido a pagar una indemnización por cualquier daño causado por la falta;

(b)ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con las autoridades investigadoras; y

(c)ha adoptado medidas técnicas, organizativas y de personal concretas que sean apropiadas para evitar nuevas faltas.

Si el comprador público considera suficientes las pruebas aportadas, el operador económico de que se trate no será excluido del procedimiento de contratación. Las medidas adoptadas por los operadores económicos se evaluarán teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la falta. Al evaluar las medidas adoptadas por el operador económico, los compradores públicos tendrán en cuenta la naturaleza, el alcance y el momento de la cooperación con las autoridades investigadoras pertinentes. Cuando las medidas se consideren insuficientes, el operador económico recibirá una exposición de los motivos de dicha decisión. El operador económico que haya sido excluido por sentencia firme, en cualquier Estado miembro, de la participación en procedimientos de contratación no tendrá derecho a acogerse a la posibilidad prevista en el presente apartado durante el período de exclusión resultante de dicha sentencia. Los Estados miembros podrán designar una autoridad nacional competente para evaluar las pruebas y decidir si son suficientes a efectos del presente apartado. Los compradores públicos se basarán en una decisión favorable de la autoridad nacional competente a efectos de sus procedimientos de contratación.

3.Cuando no se hayan adoptado medidas como las especificadas en el apartado 2 y el período de exclusión no haya sido fijado por sentencia firme, los compradores públicos podrán excluir a operadores económicos con arreglo al presente artículo durante un período de cinco años a partir de la fecha de la conducta que dé lugar a la exclusión o, en el caso de actos continuados o reiterados, de la fecha en que cese la conducta, pero no después de dicho período máximo.

4.Cuando un comprador público excluya a un operador económico sobre la base del apartado 1, letra h), informará de ello a la Comisión.

1.Cuando los compradores públicos decidan utilizar criterios de selección, establecerán dichos criterios de conformidad con las condiciones del presente artículo.

2.Los criterios de selección solo podrán referirse a:

(a)la capacidad técnica y profesional en el sentido de los apartados 4, 5 y 6;

(b)la solvencia jurídica, económica y financiera en el sentido del apartado 7.

3.Los compradores públicos limitarán los requisitos a aquellos que sean adecuados para garantizar que un operador económico posee la capacidad jurídica, económica y financiera y la capacidad técnica y profesional para ejecutar el contrato que vaya a adjudicarse. Todos los requisitos estarán vinculados y serán proporcionados a la complejidad del objeto del contrato y a los riesgos asociados a este.

4.Cuando esté justificado por el objeto del contrato, los compradores públicos podrán exigir a los operadores económicos que estén inscritos en uno de los registros profesionales o mercantiles establecidos en el país en el que el operador económico ejerza su actividad principal. En los procedimientos de contratación de servicios, en la medida en que se exija a los operadores económicos estar en posesión de una determinada autorización o ser miembros de una determinada organización para poder prestar en su país de origen el servicio de que se trate, el comprador público podrá exigirles que demuestren que están en posesión de dicha autorización o que son miembros de dicha organización. La inscripción certificada en listas oficiales por parte de los organismos competentes o un certificado expedido por el organismo de certificación constituirán una presunción de conformidad con respecto a los requisitos establecidos con arreglo al presente apartado.

5.Toda referencia a cualificaciones o niveles de cualificación incluida en los criterios de selección mencionará los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones establecidos en el anexo II de la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2017.

6.Los compradores públicos podrán imponer requisitos que garanticen que los operadores económicos poseen los recursos humanos y técnicos y la experiencia necesarios para ejecutar el contrato con un nivel de calidad adecuado. Salvo que esté justificado por la complejidad del contrato o la naturaleza del objeto, los compradores públicos no exigirán experiencia previa en contratos públicos como condición para participar en el procedimiento de contratación. Un comprador público podrá suponer que un operador económico no posee las capacidades profesionales exigidas cuando:

(a)el comprador público haya establecido por medios adecuados que el operador económico tiene intereses en conflicto que pueden afectar negativamente a la ejecución del contrato; o

(b)el comprador público haya tenido conocimiento por medios adecuados de que el operador económico representa un problema de seguridad para un Estado miembro o para la Unión en su conjunto.

7.Los compradores públicos podrán exigir a los operadores económicos que cumplan cualquiera de los criterios siguientes:

(a)tener un volumen de negocios anual global mínimo adecuado;

(b)tener un volumen de negocios mínimo adecuado en el ámbito al que se refiera el contrato;

(c)facilitar información sobre sus cuentas anuales, también sobre la ratio entre activo y pasivo;

(d)tener un nivel adecuado de seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Los volúmenes de negocios mínimos a que se refiere el párrafo primero no excederán del 50 % del valor anual estimado del contrato, salvo en casos debidamente justificados, como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El comprador público indicará en los detalles de la contratación las principales razones de dicho requisito. La información procedente de las cuentas anuales solo podrá tenerse en cuenta cuando el comprador público haya especificado en los detalles de la contratación los métodos y criterios para ello. Dichos métodos y criterios serán transparentes, objetivos y no discriminatorios.

8.La información que pueda determinarse a partir de bases de datos nacionales existentes creadas por un organismo público, o a partir de la inscripción en listas oficiales o de certificaciones, no se cuestionará sin una justificación suficiente.

1.Los compradores públicos exigirán a los operadores económicos que utilicen el servicio electrónico de admisibilidad establecido en virtud del artículo 133 como medio de prueba de lo siguiente:

(a)la inexistencia de motivos de exclusión con arreglo a los artículos 25 y 26;

(b)el cumplimiento de los criterios de selección con arreglo al artículo 27.

Cuando el operador económico recurra a las capacidades de otras entidades con arreglo al artículo 23 o se proponga recurrir a subcontratistas en la ejecución del contrato con arreglo al artículo 24, el operador económico facilitará también, a través del servicio electrónico de admisibilidad, la información a que se refiere el párrafo primero en relación con dichas entidades.

2.Cuando el servicio electrónico de admisibilidad prevea una verificación automatizada de la existencia de un motivo de exclusión o del cumplimiento de un criterio de selección, los compradores públicos utilizarán dicha verificación para su decisión sobre la admisibilidad.

3.Los operadores económicos utilizarán la herramienta digital de credenciales empresariales prevista en el artículo 133. Cuando un operador económico no tenga acceso a dicha herramienta o cuando las pruebas pertinentes no estén disponibles a través de ella, el operador económico declarará, a través del servicio electrónico de admisibilidad, si cumple los requisitos establecidos en relación con los motivos de exclusión y los criterios de selección y si podría presentar las pruebas exigidas (autodeclaración). En tal caso, el comprador público podrá exigir, en cualquier momento del procedimiento, pruebas que no estén disponibles a través del servicio electrónico de admisibilidad cuando sea necesario para la evaluación de los requisitos del comprador público.

4.Los operadores económicos indicarán su país de origen, de conformidad con el artículo 74, en el servicio electrónico de admisibilidad a que se refiere el artículo 133. Cuando sea necesario para aplicar requisitos con arreglo al artículo 73, apartado 2, los operadores económicos indicarán el país de origen de los bienes que componen su oferta y lo incorporarán, cuando proceda, al pasaporte digital del producto de los bienes con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1781. Cuando los compradores públicos lleven a cabo un procedimiento de contratación aplicando una o varias de las medidas establecidas en la parte III, título II, capítulo 5, podrán, en cualquier momento del procedimiento de contratación pública, solicitar al operador económico que complete, aclare o amplíe la información o la documentación relativa a la verificación del origen del operador económico o de los bienes, servicios u obras ofertados, siempre que dichas solicitudes respeten los principios de igualdad de trato y de transparencia. Cuando el operador económico no facilite la información o la documentación a que se refiere el párrafo tercero sin una explicación razonable y, por ello, impida al comprador público verificar el origen o haga que dicha verificación resulte prácticamente imposible o muy difícil, el operador económico, o la oferta que haya presentado, podrá ser excluido de la participación en el procedimiento de contratación pública de que se trate.

1.A más tardar el 15 de junio de 2029, los Estados miembros facilitarán a la herramienta digital de credenciales empresariales prevista en el artículo 133 acceso gratuito a las bases de datos nacionales en las que:

(a)se registren las sentencias firmes por los delitos a que se refiere el artículo 25, apartado 1, en particular a los registros nacionales de antecedentes penales de personas jurídicas y a los de personas físicas;

(b)se registre la información sobre las personas clave con arreglo al artículo 25, apartado 1, párrafo segundo, en particular en los registros profesionales o mercantiles nacionales;

(c)se registren las pruebas relativas a los impagos de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social con arreglo al artículo 25, apartado 2, en particular en los registros profesionales o mercantiles nacionales y en las bases de datos tributarias y de seguridad social;

(d)se registren las pruebas relativas a la quiebra, la insolvencia y la reestructuración con arreglo al artículo 25, apartado 4, letra b), en particular en los registros profesionales o mercantiles nacionales y en los registros nacionales de quiebras, insolvencias y reorganizaciones, incluidos los registros judiciales;

(e)se almacenen las pruebas relativas al cumplimiento de los criterios de selección establecidos con arreglo al artículo 27 del presente Reglamento y a la evaluación del origen con arreglo al artículo 74 del presente Reglamento, en particular en los registros profesionales o mercantiles nacionales y en los registros de titularidad real establecidos en virtud del artículo 12 de la Directiva (UE) 2024/1640;

(f)se registre cualquier otra prueba estructurada pertinente en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, como etiquetas, especificaciones, incluidos los requisitos de seguridad, o medios de prueba de los requisitos de los productos con arreglo al artículo 92.

2.El acceso con arreglo al apartado 1 se facilitará, cuando sea posible, de manera que el servicio electrónico de admisibilidad pueda automatizar la verificación prevista en el artículo 28, apartado 2. En particular, se preverá una verificación automatizada para los registros nacionales de antecedentes penales, las bases de datos tributarias y de seguridad social, así como para los registros nacionales de quiebras, insolvencias y reorganizaciones. Dicha verificación estará sujeta a medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades de los interesados con arreglo a los artículos 10 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Los datos personales solo se utilizarán con el fin de garantizar que el operador económico cumple los requisitos del presente Reglamento.

3.Los Estados miembros informarán a la Comisión de toda base de datos nacional de nueva creación que pueda proporcionar medios de prueba mediante el uso de la herramienta digital de credenciales empresariales y facilitarán a dicha herramienta acceso gratuito a tales bases de datos nacionales.

1.Los compradores públicos podrán realizar consultas del mercado para preparar su contratación y adquirir conocimiento del mercado, también sobre la disponibilidad de soluciones innovadoras o el potencial para desarrollarlas.

2.Cuando los compradores públicos realicen consultas del mercado con arreglo al apartado 1 del presente artículo, anunciarán dichas consultas de conformidad con el artículo 110.

3.Durante las consultas del mercado, los compradores públicos podrán recabar o aceptar información y asesoramiento del público en general, de expertos independientes, de autoridades públicas, de participantes en el mercado o de otras partes pertinentes. La información y el asesoramiento podrán adoptar la forma de intercambios escritos u orales, presentaciones de prototipos, demostraciones en directo u otros formatos objetivos adecuados. Dicha información y dicho asesoramiento podrán utilizarse en la planificación y el desarrollo de los procedimientos de contratación, respetando los principios de igualdad de trato, no discriminación, competencia leal y transparencia.

4.La participación de un operador económico en una consulta del mercado no prejuzga su admisibilidad en el procedimiento de contratación.

1.Los compradores públicos podrán utilizar el procedimiento abierto establecido en el artículo 34 y el procedimiento dinámico establecido en el artículo 36 con independencia del tipo de obras, suministros o servicios que se necesiten.

2.Los compradores públicos podrán utilizar el procedimiento de innovación para abordar un reto de la sociedad para el que no hayan identificado una solución existente adecuada o deseable, que deba ser desarrollada por el licitador o licitadores adjudicatarios en el transcurso del procedimiento de innovación.

3.Los compradores públicos solo podrán utilizar el procedimiento especial descrito en el artículo 46 en los casos y circunstancias específicos establecidos en los artículos 47 y 48.

1.Los compradores públicos que tengan intención de adjudicar un contrato estimarán el valor del contrato sobre la base de los costes estimados de la solución que satisfaga las necesidades del comprador público. La estimación se basará en el importe máximo que vaya a gastarse en la satisfacción de las necesidades durante toda la duración del contrato, ya se adjudique a uno o a varios operadores económicos, incluidas todas las formas de pagos y beneficios, tales como:

(a)primas, honorarios, comisiones e intereses;

(b)el valor total de las opciones o prórrogas, cuando el contrato prevea la posibilidad de opciones o prórrogas.

2.Cuando los compradores públicos celebren más de un contrato sucesivo para satisfacer su necesidad, el cálculo del valor estimado se basará en:

(a)el valor de los contratos recurrentes para el mismo tipo de compra durante los 12 meses anteriores o el ejercicio económico anterior del comprador, ajustado, cuando sea posible, para tener en cuenta los cambios previstos en la cantidad o en el valor estimado de la solución que vaya a adquirirse durante los 12 meses siguientes;

(b)el valor estimado de los contratos recurrentes para el mismo tipo de compra durante los 12 meses siguientes al contrato inicial o el ejercicio económico anterior del comprador público.

1.Los compradores públicos respetarán los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato en el desarrollo de las negociaciones y velarán por que, en cada ronda de negociaciones, el número de soluciones debatidas permita una competencia real. Los compradores públicos velarán por que la divulgación de información durante las negociaciones no afecte a los intereses comerciales de los operadores económicos que participen en dichas negociaciones.

2.Sin perjuicio de otra legislación pertinente de la Unión, los compradores públicos podrán negociar todas las características no esenciales de las obras, suministros y servicios que se pretenda adquirir, que podrán incluir determinados elementos relacionados, por ejemplo, con el mérito técnico, la cantidad, las condiciones de entrega y otros aspectos comerciales, pero que no incluyen los motivos de exclusión, los criterios de selección ni los criterios de adjudicación. Los compradores públicos indicarán claramente en el resumen público de licitación las características de las obras, suministros y servicios que no son objeto de negociación. Estas indicaciones serán lo suficientemente precisas y exhaustivas para delimitar el objeto del contrato y contendrán las condiciones esenciales del contrato en las que los operadores económicos se basarían legítimamente para decidir si participan en el procedimiento de adjudicación. Las negociaciones no alterarán sustancialmente el objeto del contrato.

3.Los compradores públicos podrán desarrollar las negociaciones en una o varias rondas. Tras cada ronda, se invitará a los operadores económicos que participen en las negociaciones a presentar una oferta, y los compradores públicos podrán decidir reducir el número de participantes sobre la base de los criterios de adjudicación establecidos con arreglo al artículo 98. Los compradores públicos informarán a los operadores económicos de cuándo comenzará una nueva ronda de negociaciones y de si serán invitados o no. Los compradores públicos informarán a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de cualquier cambio en las especificaciones o en otras partes de los detalles de la contratación como resultado de las negociaciones. Los compradores públicos concederán a los licitadores tiempo suficiente para modificar y volver a presentar ofertas modificadas, según proceda. Los operadores económicos podrán presentar ofertas revisadas en función del resultado de las negociaciones. Cuando un comprador público haya decidido concluir las negociaciones y proceder a la adjudicación del contrato, invitará a cada uno de los operadores económicos restantes a presentar una oferta final.

1.En el procedimiento abierto, los compradores públicos darán a conocer sus necesidades de contratación mediante un resumen público de licitación publicado con arreglo al artículo 110, en el que se indicará si se aplican criterios de selección y cuáles, así como si tienen intención de negociar.

2.Todo operador económico interesado podrá manifestar su interés y presentar una oferta («primera oferta») utilizando el servicio electrónico de admisibilidad a que se refiere el artículo 133. La manifestación de interés se presentará junto con una oferta en la que se especifique, en particular, cómo se propone el operador económico satisfacer las necesidades del comprador público. El plazo de recepción de las manifestaciones de interés con las ofertas no será inferior a 20 días a partir de la publicación del resumen público de licitación.

3.Cuando un comprador público haya indicado que no tiene intención de negociar, adjudicará el contrato de conformidad con el artículo 98 a uno o varios operadores económicos que no se encuentren en situación de exclusión y que, cuando proceda, cumplan los criterios de selección establecidos con arreglo al artículo 27. El contrato se adjudicará sobre la base de las primeras ofertas presentadas con arreglo al apartado 2.

4.Cuando el comprador público haya indicado que tiene intención de negociar, enviará una invitación a negociar a todos los operadores económicos interesados que no se encuentren en situación de exclusión y que, cuando proceda, cumplan los criterios de selección establecidos con arreglo al artículo 27.

5.Las negociaciones se desarrollarán de conformidad con el artículo 33. Cuando el comprador público haya decidido concluir las negociaciones y haya invitado a cada uno de los operadores económicos restantes a presentar una oferta final, el contrato se adjudicará sobre la base de dichas ofertas finales.

6.Los compradores públicos podrán decidir no negociar, pese a haber indicado su intención de hacerlo, y proceder en su lugar a adjudicar el contrato sobre la base de las primeras ofertas, siempre que se hayan reservado la posibilidad de hacerlo en el resumen público de licitación.

1.Los compradores públicos adjudicarán el contrato al licitador o a los licitadores que hayan presentado la oferta que ofrezca la mejor calidad por el dinero invertido de conformidad con el artículo 98.

2.Sin perjuicio del plazo suspensivo establecido en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, el contrato se celebrará de conformidad con el Derecho aplicable del Estado miembro del comprador público.

Los compradores públicos podrán utilizar un procedimiento dinámico, en el que solo se invita a los operadores económicos que se hayan adherido a un procedimiento determinado a manifestar su interés, presentar una oferta o participar en negociaciones para contratos específicos basados en dicho procedimiento. Los operadores económicos podrán solicitar adherirse al procedimiento en cualquier momento durante su período de validez.

1.Los compradores públicos que lleven a cabo un procedimiento dinámico publicarán, con arreglo al artículo 110, un resumen público de licitación sobre el inicio de un procedimiento dinámico, en el que se indicará la duración del período de validez del procedimiento, durante el cual los operadores económicos interesados podrán solicitar adherirse al procedimiento y durante el cual podrán realizarse adquisiciones sobre la base del procedimiento. El procedimiento dinámico permanecerá abierto a todos los operadores económicos interesados durante todo su período de validez.

2.Los compradores públicos podrán elegir entre llevar a cabo un procedimiento dinámico sin criterios de selección con arreglo al artículo 38 o un procedimiento dinámico con criterios de selección con arreglo al artículo 39, así como decidir si negocian de conformidad con el artículo 33. Las opciones elegidas se indicarán en el resumen público de licitación sobre el inicio de un procedimiento dinámico.

3.Cuando los compradores públicos tengan intención de adjudicar un contrato específico por primera vez sobre la base del procedimiento dinámico, la invitación a manifestar interés en el contrato específico no podrá tener lugar antes de que hayan transcurrido 25 días desde la publicación del resumen público de licitación sobre el inicio de un procedimiento dinámico.

1.A partir de la publicación del resumen público de licitación y hasta que expire el período de validez del procedimiento, los operadores económicos podrán adherirse al procedimiento compartiendo su perfil con el comprador público a través del sistema de admisibilidad establecido en virtud del artículo 133. Al compartir su perfil, los operadores económicos declaran que están cualificados para ejecutar el contrato.

2.Cuando los compradores públicos tengan intención de adjudicar contratos específicos sobre la base del procedimiento dinámico, informarán a todos los operadores económicos que se hayan adherido al procedimiento hasta ese momento acerca del contrato específico que vaya a adjudicarse, incluidas la descripción precisa, la cantidad y el calendario de la compra de que se trate. Los compradores públicos invitarán a todos los operadores económicos que participen en el procedimiento dinámico a manifestar su interés en el contrato específico que vaya a adjudicarse, fijando un plazo razonable para las manifestaciones de interés.

3.Una vez expirado el plazo a que se refiere el apartado 2, los compradores públicos invitarán a los operadores económicos que hayan manifestado su interés en el contrato específico que vaya a adjudicarse a presentar una oferta o a presentar una primera oferta seguida de negociaciones. Cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a cinco, el comprador público podrá, en lugar de invitar a todos los operadores económicos que hayan manifestado su interés, invitar únicamente a cinco o a un número determinado mayor de operadores económicos seleccionados a través del servicio electrónico de admisibilidad mediante una determinación algorítmica aleatoria e indiscriminada, e informará a través del sistema de admisibilidad a todos los no invitados.

4.Únicamente los operadores económicos que hayan presentado una oferta se considerarán licitadores afectados a efectos de las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE.

1.A partir de la publicación del resumen público de licitación y hasta que expire el período de validez del procedimiento, los operadores económicos podrán solicitar adherirse al procedimiento compartiendo su perfil con el comprador público a través del sistema de admisibilidad establecido en virtud del artículo 133. Al compartir su perfil, los operadores económicos declaran que están cualificados para ejecutar el contrato.

2.El comprador público admitirá a los operadores económicos en el procedimiento sobre la base de los criterios de selección indicados en el resumen público de licitación.

3.Cuando los compradores públicos tengan intención de adjudicar contratos específicos sobre la base del procedimiento dinámico, informarán a todos los operadores económicos que hayan sido seleccionados para adherirse al procedimiento hasta ese momento acerca del contrato específico que vaya a adjudicarse, incluidas la descripción precisa, la cantidad y el calendario de la compra de que se trate. Los compradores públicos invitarán a todos los operadores económicos que participen en el procedimiento dinámico a manifestar su interés en el contrato específico que vaya a adjudicarse, fijando un plazo razonable para las manifestaciones de interés.

4.Una vez expirado el plazo a que se refiere el apartado 3, los compradores públicos invitarán a todos los operadores económicos que hayan manifestado su interés en el contrato específico que vaya a adjudicarse a presentar una oferta o a presentar una primera oferta seguida de negociaciones. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los compradores públicos podrán decidir invitar únicamente a una parte de los operadores económicos que hayan manifestado su interés en el contrato específico que vaya a adjudicarse, sobre la base de criterios o normas objetivos y no discriminatorios, siempre que los hayan indicado en el resumen público de licitación sobre el inicio del procedimiento dinámico.

1.Los compradores públicos evaluarán las ofertas finales de conformidad con el artículo 98 y establecerán una clasificación de todos los operadores económicos que hayan presentado una oferta final. Los compradores públicos adjudicarán el contrato a uno o varios operadores económicos que no se encuentren en una situación de exclusión. Los resultados de esta evaluación, incluida la clasificación, se comunicarán a los licitadores.

2.Los compradores públicos publicarán, por cada contrato firmado en el marco de un procedimiento dinámico, un resumen público del resultado en virtud del artículo 110.

1.Los compradores públicos podrán utilizar el procedimiento de innovación establecido en el presente capítulo para abordar un reto de la sociedad.

2.El procedimiento de innovación se desarrollará con arreglo a las fases siguientes:

(a)determinación del reto de la sociedad y diseño del marco de evaluación del valor;

(b)inicio del procedimiento;

(c)la selección de propuestas de soluciones innovadoras;

(d)ensayo, validación y evaluación de propuestas de soluciones innovadoras;

(e)la adjudicación del contrato público.

3.Los compradores públicos determinarán el reto de la sociedad para el que necesitan una propuesta de solución innovadora y definirán un marco de evaluación del valor que se utilizará en el curso del procedimiento para evaluar el valor añadido de la propuesta de solución innovadora que aborde el reto de la sociedad. El marco de evaluación del valor utilizará indicadores de rendimiento para medir de manera objetiva y mensurable en qué medida la propuesta de solución innovadora presentada contribuye a abordar el reto de la sociedad. Incluirá un sistema de puntuación e indicará las puntuaciones mínimas necesarias para que las propuestas de soluciones innovadoras pasen a las distintas fases del procedimiento de innovación.

4.Los elementos del marco de evaluación del valor podrán referirse, en particular, a:

(a)un mayor valor para los usuarios y para los procesos, como las opiniones recabadas de los ciudadanos durante el ensayo y la validación de la propuesta de solución innovadora;

(b)indicadores clave de rendimiento relativos al aumento de la eficiencia o a la reducción de las molestias en la prestación de los servicios públicos, a la mejora del comportamiento en materia de sostenibilidad, a la mejora de la protección de la salud, a la reducción de los impactos ambientales o al aumento de la seguridad y la resiliencia, como sistemas de ciberseguridad más seguros;

(c)el ahorro de costes para el comprador público en comparación con las soluciones tradicionales o aplicadas anteriormente.

1.Antes del inicio de un procedimiento de innovación, los compradores públicos llevarán a cabo una consulta del mercado con arreglo al artículo 30, que tendrá una duración mínima de dos meses, a menos que una duración más breve esté justificada habida cuenta de las especificidades del contrato.

2.El comprador público pondrá a disposición la siguiente información en la consulta del mercado:

(a)una descripción preliminar del reto de la sociedad;

(b)un marco preliminar de evaluación del valor;

(c)una invitación a formular observaciones y a entablar un diálogo.

3.Al término de la consulta del mercado, los compradores públicos, sobre la base de las observaciones recibidas, prepararán e iniciarán el procedimiento de innovación con un resumen público de licitación de conformidad con el artículo 110. El comprador público indicará en los detalles de la contratación:

(a)la descripción definitiva del reto de la sociedad;

(b)los requisitos funcionales mínimos que deben cumplir las propuestas de soluciones innovadoras;

(c)el marco definitivo de evaluación del valor;

(d)cualquier contribución en efectivo o en especie que el comprador público tenga intención de poner, o pueda poner, a disposición durante las fases del procedimiento,

(e)los volúmenes de contratación previstos;

(f)esbozos de proyecto de los contratos de ensayo, validación y evaluación y de despliegue de la propuesta de solución innovadora, indicando los temas de negociación sobre el despliegue,

(g)información relativa a la atribución de los derechos de propiedad intelectual que surjan de conformidad con el artículo 64, apartado 4.

4.Cualquier operador económico podrá presentar una propuesta de solución innovadora en respuesta a un resumen público de licitación, junto con toda la información necesaria para la selección de las propuestas de soluciones innovadoras.

1.Para la selección de las propuestas de soluciones innovadoras, el comprador público llevará a cabo una evaluación de la admisibilidad en dos fases.

2.En la primera fase, el comprador público:

(a)verificará la inexistencia de cualquier exclusión aplicable al operador económico y, cuando el comprador público opte por utilizar criterios de selección, la prueba de los criterios de selección;

(b)confirmará que la propuesta de solución innovadora presentada por el operador económico cumple los requisitos funcionales mínimos con arreglo al artículo 42, apartado 3, letra b).

3.En la segunda fase, las propuestas de soluciones innovadoras de los operadores económicos que hayan superado la evaluación con arreglo al apartado 2 del presente artículo se seleccionarán según los criterios del marco de evaluación del valor y la puntuación de evaluación a que se refiere el artículo 42, apartado 3, letra c), sobre la base de:

(a)una evaluación positiva del potencial de innovación de la propuesta, así como de su capacidad de innovación para abordar el reto de la sociedad; y

(b)una evaluación positiva de la viabilidad y la escalabilidad de la propuesta.

La segunda fase podrá llevarse a cabo mediante una entrevista con el operador económico o mediante intercambios por escrito con el operador económico.

4.Cuando la propuesta de solución innovadora presentada por un operador económico alcance al menos la puntuación total mínima para una evaluación global positiva, dicho operador económico pasará a la siguiente fase del procedimiento de contratación. El comprador público podrá limitar el número de operadores económicos que pasen a la siguiente fase si indica dicho número en los detalles de la contratación; en tal caso, pasarán a la siguiente fase los operadores económicos con las puntuaciones más altas.

1.El comprador público invitará a los operadores económicos considerados admisibles con arreglo al artículo 43 a la fase de ensayo, validación y evaluación.

2.La duración de esta fase no excederá de dos años a partir de la fecha de selección de las propuestas de soluciones innovadoras, salvo que esté debidamente justificado.

3.Consistirá en un proceso estructurado y sistemático, llevado a cabo por el comprador público o en su nombre sobre la base del marco de evaluación del valor, con el fin de realizar una evaluación global de la propuesta, que incluirá, cuando proceda:

(a)la evaluación de la viabilidad técnica, operativa y funcional de la propuesta de solución innovadora para abordar el reto de la sociedad especificado;

(b)la verificación de la conformidad de la propuesta de solución innovadora con los requisitos funcionales mínimos y los marcos normativos aplicables;

(c)la evaluación del valor añadido de la propuesta innovadora en un entorno real o simulado;

(d)la determinación de cualquier riesgo, limitación o aspecto mejorable antes de la implantación a gran escala o de la contratación de la propuesta de solución innovadora.

Podrá incluir ensayos de laboratorio, ensayos sobre el terreno, despliegues piloto, la recogida de opiniones de los usuarios y análisis comparativos.

4.Cuando la legislación de la Unión establezca un marco para evaluar la idoneidad de la propuesta de solución innovadora para abordar el reto de la sociedad, el comprador público se basará en dicha evaluación.

5.Todo pago correspondiente a cada hito definido de la fase de ensayo, validación y evaluación se efectuará por anticipado.

6.Durante esta fase, los operadores económicos podrán ajustar y mejorar sus propuestas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos funcionales mínimos y aumentar el valor añadido de su propuesta.

7.El comprador público realizará una evaluación final de la propuesta mejorada en cuanto al cumplimiento de los requisitos funcionales mínimos y a su valor añadido con arreglo al marco de evaluación del valor y a las puntuaciones mínimas.

8.La evaluación final, que indicará una decisión positiva o negativa sobre el paso a la fase de adjudicación del contrato público, se publicará como resumen público del resultado de la fase de ensayo, validación y evaluación.

1.El comprador público enviará una invitación a negociar a cada operador económico que haya recibido una decisión positiva de continuar con arreglo al artículo 44, apartado 8.

2.Además de lo dispuesto en el artículo 33, el comprador público indicará la estructura de las negociaciones y determinará cómo concluye la negociación, incluida una estrategia de salida clara para poner fin al procedimiento sin adjudicación, determinando criterios objetivos con arreglo a los cuales se considerará que las negociaciones han fracasado.

3.La descripción del reto de la sociedad, los requisitos funcionales mínimos y el marco de evaluación del valor no podrán ser objeto de negociación.

4.La negociación se centrará en el despliegue de la propuesta de solución innovadora y podrá incluir, entre otros aspectos:

(a)el alcance del suministro comercial;

(b)los derechos de explotación en mercados más amplios;

(c)los precios y los volúmenes de contratación definitivos, sin superar los volúmenes anunciados con arreglo al artículo 42, apartado 3, letra e);

(d)las futuras actualizaciones, el mantenimiento y las condiciones de servicio de la propuesta de solución innovadora;

(e)el reparto de los riesgos técnicos y comerciales en el despliegue de la propuesta de solución innovadora.

5.En caso de negociación satisfactoria con un operador económico, el comprador público adjudicará el contrato público para el despliegue de la propuesta de solución directamente a dicho operador económico o, en el caso de varias soluciones satisfactorias, a dichos operadores económicos. Las adjudicaciones podrán tener lugar durante un período de hasta cinco años a partir de la publicación de la decisión positiva con arreglo al artículo 44, apartado 8.

1.En los casos y circunstancias específicos establecidos en los artículos 47 y 48, los compradores públicos podrán utilizar un procedimiento especial para adjudicar un contrato público solicitando una solución directamente a uno o varios operadores económicos, sin necesidad de un proceso competitivo ni de publicación previa de información sobre la oferta. Esta solicitud podrá adoptar la forma de una invitación a negociar, de una solicitud de presentación de una oferta o de una solicitud de suministro de la solución contra factura. Los compradores públicos publicarán un resumen público del resultado en virtud del artículo 110.

2.La adjudicación de estos contratos se regirá por los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia, teniendo debidamente en cuenta las necesidades y circunstancias específicas de los compradores públicos en los casos y circunstancias específicos descritos en los artículos 47 y 48.

Los compradores públicos podrán utilizar el procedimiento descrito en el artículo 46 en cualquiera de las situaciones siguientes, respetando los compromisos internacionales de la Unión:

(a)cuando la solución necesaria solo pueda ser suministrada por un operador económico determinado y no exista ninguna alternativa o sustituto razonable por alguna de las razones siguientes:

(i)el objetivo de la contratación es la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única;

(ii)no existe competencia por razones técnicas que no puedan atribuirse a la concepción de un procedimiento de contratación anterior ni a una restricción artificial de los parámetros de la contratación;

(iii)la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual;

(iv)cuando la apertura del contrato a la competencia pueda afectar negativamente a intereses esenciales de seguridad nacional de la Unión o del Estado miembro del comprador público y no exista posibilidad de aplicar medidas menos intrusivas.

(b)en el caso de los contratos públicos de suministro relativos a:

(i)entregas adicionales durante un período no superior a dos años efectuadas por el proveedor inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o instalaciones, bien una ampliación de los suministros o instalaciones existentes, cuando un cambio de proveedor suponga costes desproporcionados o dificultades técnicas para el comprador público;

(ii)suministros cotizados y adquiridos en una bolsa de materias primas;

(iii)la compra de suministros o servicios en condiciones especialmente ventajosas que solo se produzcan a muy corto plazo en el caso de enajenaciones inusuales, como las derivadas de la liquidación de actividades o de procedimientos de insolvencia.

(c)en el caso de los contratos públicos de servicios relativos a:

(i)contratos de servicios administrativos sociales, educativos, sanitarios y culturales incluidos en los códigos del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) 79950000-8 [Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos], 79951000-5 [Servicios de organización de seminarios], 79952000-2 [Servicios de eventos], 79952100-3 [Servicios de organización de eventos culturales], 79953000-9 [Servicios de organización de festivales], 79954000-6 [Servicios de organización de fiestas], 79955000-3 [Servicios de organización de desfiles de modas], 79956000-0 [Servicios de organización de ferias y exposiciones], 92100000-2 [Servicios de cine y vídeo], 92200000-3 [Servicios de radio y televisión], 92400000-5 [Servicios de agencias de noticias];

(ii)servicios de hostelería y restauración incluidos en los códigos CPV 55100000-1 a 55410000-7; 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servicios de suministro de comidas para particulares, 55521100-9 Servicios de entrega de comidas a domicilio, 55521200-0 Servicio de entrega de comidas] 55520000-1 Servicios de suministro de comidas desde el exterior, 55522000-5 Servicios de suministro de comidas para empresas de transporte, 55523000-2 Servicios de suministro de comidas para otras empresas u otras instituciones, 55524000-9 Servicios de suministro de comidas para escuelas 55510000-8 Servicios de cantina, 55511000-5 Servicios de cantina y otros servicios de cafetería para clientela restringida, 55512000-2 Servicios de gestión de cantina, 55523100-3 Servicios de comidas escolares.

1.Los compradores públicos podrán recurrir al procedimiento descrito en el artículo 46 cuando, por razones de urgencia extrema no imputables al comprador público, no puedan respetarse los plazos de los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

2.Sin perjuicio de las actividades de contratación conjunta organizadas por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cuando se haya activado un modo de emergencia en virtud del Reglamento (UE) 2024/2747, se haya activado el marco de emergencia en virtud del Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo, existan amenazas transfronterizas graves para la salud con arreglo al Reglamento (UE) 2022/2371 o la Comisión haya declarado una crisis o un estado de emergencia, se considerará que se cumple la condición establecida en el apartado 1 para el tipo de soluciones de que se trate y mientras persista el estado de emergencia o la amenaza transfronteriza grave.

1.Las entidades adjudicadoras podrán establecer y gestionar una lista de clasificación. Podrán adjudicar contratos específicos sobre la base de dicha lista.

2.Las entidades adjudicadoras publicarán un resumen público de licitación en virtud del artículo 110 sobre la existencia de la lista de clasificación. Velarán por que los operadores económicos puedan solicitar en todo momento su admisión en la lista durante el período de vigencia indicado en el resumen público de licitación.

3.Las entidades adjudicadoras establecerán normas y criterios objetivos para la admisión de los operadores económicos en la lista de clasificación, así como criterios y normas objetivos para la gestión de la lista de clasificación, que abarquen aspectos como la admisión, la actualización periódica de las cualificaciones, en su caso, y la duración. Podrán dividir la lista de clasificación en distintas categorías en función del objeto de los contratos específicos basados en la lista de clasificación.

4.Las normas y criterios de admisión en la lista de clasificación incluirán los criterios de exclusión con arreglo al artículo 25 y podrán referirse a los criterios de exclusión con arreglo al artículo 26, a los criterios de selección con arreglo al artículo 27 y a las especificaciones con arreglo al artículo 88. Las entidades adjudicadoras aplicarán las normas relativas a los medios de prueba establecidas en los artículos 28, 91 y 92, respectivamente. Las entidades adjudicadoras velarán por que las disposiciones del título II de la presente parte se apliquen a la admisión en la lista y a la adjudicación de los contratos específicos, según proceda.

5.Las entidades adjudicadoras que adjudiquen contratos sobre la base de una lista de clasificación invitarán a presentar una oferta a los operadores económicos admitidos en la lista de clasificación o en las categorías pertinentes de esta. Las entidades adjudicadoras podrán llevar a cabo negociaciones con arreglo al artículo 33, seguidas de una adjudicación con arreglo al artículo 98, o adjudicar el contrato sin negociaciones con arreglo al artículo 98. Publicarán un resumen público del resultado en virtud del artículo 110 respecto de cada contrato específico adjudicado.

6.El proceso de admisión en la lista de clasificación y de adjudicación de contratos específicos basados en el sistema podrá desarrollarse en varias etapas sucesivas.

7.Los gastos que se facturen en relación con la clasificación o con la actualización o conservación de una clasificación ya obtenida serán proporcionados a los costes generados.

1.Al contratar productos, servicios y obras, los compradores públicos podrán tener en cuenta consideraciones medioambientales y relacionadas con el clima con vistas a prevenir, reducir o atenuar de otro modo los impactos medioambientales y climáticos adversos, o a perseguir impactos medioambientales y climáticos positivos, a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con productos, servicios y obras alternativos con la misma función principal («contratación pública ecológica»).

2.Las consideraciones medioambientales a que se refiere el apartado 1 apoyarán la consecución de los objetivos medioambientales y relacionados con el clima contemplados en el artículo 5, incluidos los siguientes:

(a)la mitigación del cambio climático, incluida la reducción de emisiones;

(b)la resiliencia climática y la adaptación;

(c)el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos;

(d)la transición hacia una economía circular, también a través de la bioeconomía;

(e)la prevención y el control de la contaminación;

(f)la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

3.Los compradores públicos podrán tener en cuenta tales consideraciones medioambientales y relacionadas con el clima, según proceda, en las especificaciones, los criterios de adjudicación, las cláusulas de ejecución del contrato o los criterios de selección, respetando los principios establecidos en el artículo 4 y siempre que estén vinculadas al objeto del contrato con arreglo al artículo 90.

4.El mero cumplimiento de las obligaciones medioambientales mínimas generales establecidas por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional o los convenios internacionales enumerados en el anexo II no se considerará por sí solo «contratación pública ecológica» a efectos del presente Reglamento. Por el contrario, la contratación pública que integre criterios o requisitos medioambientales específicos de contratación pública establecidos en virtud del presente Reglamento o de otra legislación pertinente de la Unión se considerará «contratación pública ecológica» en el sentido del apartado 1.

Los compradores públicos podrán establecer especificaciones, criterios de selección, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución de los contratos que, en consonancia con el objetivo de un nivel elevado de protección del medio ambiente, promuevan la circularidad y la eficiencia en el uso de los recursos a lo largo del ciclo de vida de las obras, los productos y los servicios. Tales requisitos o criterios podrán, cuando proceda, referirse a la durabilidad, la reparabilidad, la actualizabilidad, la reutilización, el reacondicionamiento, la refabricación, el contenido reciclado, el uso de materias primas secundarias, la prevención de residuos, la preparación para la reutilización o la adquisición de productos reacondicionados, refabricados o usados anteriormente. Los compradores públicos también podrán considerar modelos de negocio circulares, incluidas las soluciones de producto como servicio, arrendamiento financiero, uso compartido o alquiler, en lugar de la compra de productos nuevos.

1.Los compradores públicos, cuando adquieran bienes, servicios u obras, adquirirán únicamente productos, servicios y obras con un alto rendimiento en materia de eficiencia energética, a menos que ello no sea técnicamente viable. A tal fin:

(a)cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2017/1369 o de la Directiva 2010/30/UE, o por un acto de ejecución conexo de la Comisión, adquirirán únicamente productos que cumplan el criterio establecido en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1369;

(b)cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de ejecución en virtud de la Directiva 2009/125/CE, adquirirán únicamente productos que cumplan los parámetros de referencia de eficiencia energética especificados en una medida de ejecución en virtud de la Directiva 2009/125/CE;

(c)exigirán en sus licitaciones de contratos de servicios que los prestadores de servicios utilicen, a efectos de la prestación de los servicios en cuestión, únicamente productos que cumplan lo dispuesto en las letras a) y b) al prestar los servicios en cuestión. Este requisito se aplicará únicamente a los productos nuevos adquiridos por los prestadores de servicios total o parcialmente con el fin de prestar el servicio en cuestión;

(d)cuando compren edificios o celebren nuevos contratos de arrendamiento de edificios, garantizarán que dichos edificios cumplan, cuando estén disponibles, como mínimo los criterios técnicos de selección relativos a la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, anexo I, sección 7.7 («Adquisición y propiedad de edificios»), a menos que la finalidad de la compra sea:

(i)llevar a cabo una renovación profunda o una demolición;

(ii)conservarlo como edificio protegido oficialmente por formar parte de un entorno declarado o por su particular mérito arquitectónico o histórico. El artículo 85, apartado 1, letra d), no se aplicará a las obligaciones establecidas en el párrafo primero, letra d).

2.Cuando la compra se refiera a un paquete de productos cubierto en su totalidad por un acto delegado adoptado en virtud del Reglamento (UE) 2017/1369, los compradores públicos podrán exigir que la eficiencia energética agregada del paquete de productos prevalezca sobre la eficiencia energética de los productos individuales que integran dicho paquete, adquiriendo el paquete de productos que cumpla el criterio de pertenecer a la clase de eficiencia energética más alta disponible.

1.Con el fin de perseguir los objetivos establecidos en el artículo 50, apartado 2, y el artículo 55, apartado 2, los compradores públicos también podrán tener en cuenta, al contratar alimentos, consideraciones relacionadas con la calidad y la sostenibilidad de los alimentos, según proceda, en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de los contratos, en la medida en que estén relacionadas con el objeto del contrato.

2.Las consideraciones específicas relativas a los alimentos a que se refiere el apartado 1 podrán referirse, en particular, a lo siguiente:

(a)requisitos y condiciones de equidad y transparencia en las cadenas de suministro alimentario, en particular una remuneración justa de los agricultores que participan en la producción de los alimentos contratados;

(b)la organización de la cadena de suministro alimentario;

(c)requisitos o condiciones relativos a los métodos de producción ecológica, los regímenes de calidad como las indicaciones geográficas y otros métodos de producción;

(d)criterios de valor nutricional y efectos sobre la salud, frescura y estacionalidad de los alimentos;

(e)requisitos de bienestar animal.

1.Al adquirir productos, familias de productos o tecnologías sujetos a los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo VII, los compradores públicos exigirán, en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de los contratos, las características medioambientales que consideren adecuadas para la contratación de que se trate, a la luz del objetivo de garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente en la Unión, de la necesidad de una transición rápida hacia una economía climáticamente neutra y de los principios de igualdad de trato, no discriminación y proporcionalidad. Dichas características medioambientales se expresarán en términos de las clases o niveles de rendimiento, umbrales, aspectos medioambientales o requisitos de sostenibilidad medioambiental establecidos en los actos jurídicos pertinentes enumerados en el anexo VII.

2.Cuando la divergencia de requisitos relativos a las características medioambientales genere un riesgo real de fragmentación del mercado interior, o cuando exista la necesidad de fomentar la demanda de productos a que se refieren los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo VII, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 141 a fin de completar el presente Reglamento especificando las características medioambientales a que se refiere el apartado 1 que los compradores públicos exigirán en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de los contratos en relación con productos, familias de productos o tecnologías sujetos a los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo VII. Al adoptar actos delegados con arreglo al párrafo primero, la Comisión fijará los requisitos a un nivel elevado, teniendo en cuenta:

(a)el valor y el volumen de los contratos públicos adjudicados para los productos, familias de productos o tecnologías de que se trate, o para servicios u obras que los utilicen para las actividades que constituyan el objeto del contrato;

(b)la necesidad de garantizar una demanda suficiente de productos o tecnologías más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y con bajas emisiones de carbono;

(c)la viabilidad económica para los compradores públicos de adquirir productos o tecnologías más sostenibles desde el punto de vista medioambiental sin incurrir en costes desproporcionados, así como la disponibilidad de tales productos o tecnologías en el mercado;

(d)los efectos de los requisitos sobre la competencia.

3.Los compradores públicos podrán decidir no exigir las características especificadas en los actos delegados adoptados con arreglo al apartado 2 cuando:

(a)un producto o una tecnología solo pueda ser suministrado por un operador económico específico, no exista ninguna alternativa o sustituto razonable y la ausencia de competencia no sea el resultado de una restricción artificial de los parámetros del procedimiento de contratación pública, o

(b)la aplicación del acto delegado obligue al comprador público a adquirir equipos con costes desproporcionados o dé lugar a incompatibilidades técnicas en el funcionamiento y el mantenimiento.

4.Cuando se adopten nuevos actos jurídicos de la Unión que establezcan requisitos de sostenibilidad medioambiental y relacionados con el clima para la introducción en el mercado de productos o tecnologías en la Unión, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 141 a fin de modificar el anexo VII actualizando la lista de actos jurídicos de la Unión a que se refiere dicho anexo.

1.Los compradores públicos podrán tener en cuenta consideraciones sociales al contratar suministros, servicios y obras con vistas a lograr resultados sociales positivos o a prevenir o atenuar los impactos sociales adversos a lo largo del ciclo de vida de los suministros, servicios y obras («contratación pública socialmente responsable»).

2.Las consideraciones sociales a que se refiere el apartado 1 perseguirán los objetivos sociales de la Unión, en particular los contemplados en el artículo 5, que podrán incluir los siguientes:

(a)la inclusión social y la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad y de las personas desfavorecidas que participen en la ejecución de un contrato público determinado;

(b)empleos de alta calidad, también mediante el reconocimiento del papel de la negociación colectiva, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y respetando la autonomía de los interlocutores sociales, y la mejora de las condiciones de trabajo, para los trabajadores que ejecuten un contrato público determinado y, en particular, para las categorías vulnerables de trabajadores;

(c)la accesibilidad para las personas con discapacidad y los enfoques de diseño para todos, más allá de los requisitos legales establecidos en el artículo 56 del presente Reglamento;

(d)la formación, el perfeccionamiento profesional y el reciclaje profesional de los trabajadores que ejecuten un contrato público determinado;

(e)la igualdad de género y las medidas de no discriminación para los trabajadores que ejecuten un contrato público determinado;

(f)la promoción de la economía social y, cuando proceda, de la vivienda social y asequible;

(g)la protección efectiva de los derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro pertinentes para la contratación de que se trate.

3.Los compradores públicos podrán tener en cuenta tales consideraciones sociales, según proceda, mediante criterios o requisitos en las especificaciones, los criterios de adjudicación, las condiciones de ejecución de los contratos o, cuando sea pertinente para el objeto, los criterios de selección, siempre que estén vinculados al objeto del contrato con arreglo al artículo 90 y respeten los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad.

4.El mero cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de Derecho laboral y social establecidas por el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o los convenios internacionales en materia de Derecho social y laboral enumerados en el anexo II no se considerará por sí solo contratación pública socialmente responsable.

1.En toda contratación de bienes, servicios y obras destinados a ser utilizados por personas físicas, ya sea el público en general o el personal del comprador público, los compradores públicos exigirán, salvo en casos debidamente justificados, su accesibilidad para las personas con discapacidad y tendrán en cuenta los enfoques de diseño para todos. A tal efecto, los compradores públicos incluirán requisitos de accesibilidad adecuados en las especificaciones o en las condiciones de ejecución de los contratos.

2.Para los productos y servicios a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/882, los compradores públicos establecerán las especificaciones, en lo que respecta a los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o al diseño para todos los usuarios, por referencia al anexo I de dicha Directiva.

1.Los compradores públicos podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, incluso para lotes específicos de estos, a organizaciones cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o de personas desfavorecidas, siempre que al menos el 30 % de los empleados de dichas organizaciones o programas sean trabajadores con discapacidad o desfavorecidos, incluso previendo que dichos contratos se ejecuten en el marco de contratos de empleo con apoyo o de programas de empleo protegido, siempre que se salvaguarden los derechos laborales de las personas con discapacidad o desfavorecidas.

2.Los compradores públicos podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios que formen parte del sistema de protección social y que estén incluidos en los códigos CPV enumerados en el anexo VI, incluso para lotes específicos de estos, a organizaciones que cumplan todas las condiciones siguientes:

(a)que la organización esté legalmente reconocida como entidad sin ánimo de lucro con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro en el que esté establecida;

(b)que la organización tenga como objetivo principal la prestación de un servicio público de bienestar de interés general;

(c)que las decisiones de la organización no se guíen por consideraciones puramente comerciales y que todo excedente generado por la ejecución del contrato se reinvierta en la prestación de los servicios públicos de bienestar de interés general para los que se haya constituido.

1.En el caso de los contratos públicos que tengan por objeto cualquiera de los servicios enumerados en el anexo VI, los compradores públicos podrán adjudicar los contratos de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional, siempre que la naturaleza de los servicios haga necesario que los compradores públicos tengan en cuenta las especificidades de los servicios en cuestión y que se respeten los principios de transparencia e igualdad de trato, así como las obligaciones establecidas en el apartado 2.

2.Los compradores públicos que adjudiquen contratos con arreglo al apartado 1 del presente artículo tendrán en cuenta, mediante requisitos adecuados en las especificaciones, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de los contratos, la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad para las personas con discapacidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, así como la participación y la capacitación de los usuarios, incluidas las personas desfavorecidas y vulnerables, a fin de salvaguardar sus necesidades personales específicas de carácter médico o social. Al adjudicar dichos contratos, los compradores públicos tendrán en cuenta asimismo la necesidad de garantizar el respeto del derecho a la libre determinación de las personas con discapacidad, tal como se establece en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3.Cuando un comprador público adjudique un contrato con arreglo al presente artículo, publicará un resumen público del resultado en virtud del artículo 110, apartado 4, del presente Reglamento a más tardar 20 días después de la adjudicación.

Los compradores públicos podrán tener en cuenta objetivos de innovación al contratar suministros, obras o servicios que comprendan, sin limitarse a ellos, uno o varios de los objetivos siguientes:

(a)promover la implantación en el mercado de los resultados de la investigación y la innovación en la Unión y fomentar la participación de empresas emergentes, empresas en expansión y pymes en la innovación en la contratación pública, apoyando así la difusión de la innovación y el crecimiento de las empresas innovadoras;

(b)fomentar el crecimiento de mercados líderes en sectores estratégicos de la Unión, impulsando el desarrollo y la contratación de soluciones innovadoras que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, la inclusión social y la sostenibilidad, la protección de la salud, la transformación digital y el progreso tecnológico, incluidas la interoperabilidad de los sistemas digitales y de los elementos de los servicios públicos y las soluciones de código abierto para ellos;

(c)mejorar la rentabilidad de las compras del comprador público en comparación con las alternativas existentes o convencionales, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la calidad, la cantidad o el impacto de las soluciones.

1.Los compradores públicos clasificarán su contratación como contratación pública de innovación en el resumen público de licitación cuando la contratación tenga por objeto la adquisición de una solución innovadora. Una solución innovadora presenta una o varias características nuevas que ofrecen un mejor rendimiento o un valor añadido en comparación con las soluciones alternativas disponibles comercialmente a gran escala en el mercado de que se trate. Las características nuevas de una solución innovadora podrán incluir combinaciones nuevas o mejoradas de características existentes y formas nuevas o mejoradas de utilizar características existentes, como la utilización de características existentes en un nuevo sector o en un nuevo contexto.

2.En cualquier caso, los compradores públicos clasificarán sus adquisiciones en los resúmenes públicos como contratación pública de innovación en los dos casos siguientes:

(a)la adjudicación de un contrato relativo a una solución que se haya desarrollado con éxito en un procedimiento de innovación en virtud del artículo 45;

(b)la adjudicación de un contrato en un procedimiento abierto en virtud de los artículos 34 y 35, cuando un comprador público tenga la intención de adquirir una solución tras una contratación precomercial tal como se define en el artículo 6, punto 13.

1.Con el fin de alcanzar objetivos de innovación, los compradores públicos podrán preparar y diseñar cualquier procedimiento de contratación utilizando una o varias de las técnicas siguientes:

(a)recabar, analizar y aplicar asesoramiento destinado a determinar la disponibilidad de soluciones innovadoras en las consultas del mercado;

(b)considerar la adquisición de soluciones de código abierto o de soluciones con elementos de código abierto;

(c)utilizar únicamente requisitos funcionales o, cuando ello no sea viable, permitir expresamente variantes;

(d)limitar los criterios de selección a lo estrictamente necesario y proporcionado a los riesgos del contrato público y a las capacidades necesarias para ejecutarlo y, cuando proceda, sin requisitos relativos al volumen de negocios y a los resultados anteriores;

(e)exigir, como criterio de adjudicación cualitativo, un concepto de innovación de los suministros, las obras o los servicios, incluidas la viabilidad y la escalabilidad de dicho concepto o su incidencia en los objetivos ecológicos, sociales o digitales fijados para la contratación;

(f)designar uno o varios lotes específicos para la innovación y establecer condiciones claras, precisas e inequívocas para cualquier adquisición adicional basada en el contrato adjudicado en dicho lote, si la solución resulta satisfactoria;

(g)combinar varias fases de un contrato público de obras, como el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento, en un único contrato integrado;

(h)agregar la demanda de soluciones innovadoras y permitir el reparto de las tareas de prueba y validación entre compradores públicos;

(i)permitir la experimentación, la prueba, la validación, el desarrollo, la mejora y la reinversión en el procedimiento de contratación o en la ejecución del contrato.

2.Las técnicas a que se refiere el apartado 1 podrán adoptar, según convenga a la técnica y al tipo de solución de que se trate, la forma de especificaciones, criterios de selección, consideraciones de calidad al aplicar el método de la mejor relación calidad-precio o condiciones de ejecución de los contratos.

1.En todos los procedimientos sujetos al presente Reglamento, el comprador público especificará, en la medida de sus posibilidades, en los detalles de la contratación los derechos de propiedad intelectual que considere pertinentes para la ejecución del contrato público.

2.La información será suficientemente clara y precisa para permitir a los operadores económicos evaluar sus obligaciones al respecto, determinar el alcance de los derechos que deban concederse o transmitirse y preparar sus ofertas en consecuencia.

3.La estimación del valor del contrato en virtud del artículo 32 tendrá en cuenta, según proceda, el valor de la distribución de los derechos de propiedad intelectual.

1.El operador económico concederá al comprador público licencias adecuadas, suficientes y no exclusivas en la medida y durante el período necesarios para permitirle utilizar, recibir, explotar, mantener o beneficiarse de otro modo de los servicios, productos entregables u otros resultados contractuales proporcionados en la ejecución del contrato público. Las licencias a que se refiere el párrafo primero abarcarán los dos derechos siguientes:

(a)cualesquiera derechos de propiedad intelectual preexistentes de los que sea titular el operador económico o que le hayan sido concedidos bajo licencia;

(b)cualesquiera derechos de propiedad intelectual surgidos en la ejecución del contrato público.

2.Las licencias concedidas en virtud del apartado 1 permitirán al comprador público, directamente o a través de contratistas o proveedores de servicios que actúen en su nombre, utilizar, reproducir, ejecutar, mostrar, adaptar, configurar, integrar, mantener, reparar, prestar asistencia, actualizar y explotar de otro modo dichos derechos y los productos entregables conexos en la medida necesaria para garantizar el uso continuado de los suministros, servicios u obras para su finalidad prevista y la correcta ejecución del contrato público.

1.Toda propiedad intelectual preexistente, incluidos los componentes de software, modelos, métodos, plataformas o sistemas de los que sea titular o que controle el operador económico con anterioridad a la contratación o con independencia de ella, seguirá siendo propiedad del operador económico y no estará sujeta a obligaciones de transmisión de la propiedad al comprador público.

2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los compradores públicos podrán exigir la transmisión de la propiedad de derechos de propiedad intelectual preexistentes que sean necesarios para la ejecución, la explotación y el mantenimiento de las soluciones, en particular en casos de infraestructuras críticas y cuando ello se incluya en los detalles de la contratación de manera proporcionada, transparente y no discriminatoria, sin falsear la competencia.

3.En lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual surgidos en relación con la ejecución de un contrato público, los compradores públicos especificarán, cuando proceda, en los detalles de la contratación el reparto de dichos derechos entre el comprador público y el operador económico.

4.No obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, en el caso de los contratos públicos sujetos a un procedimiento de innovación en virtud de los artículos 41 a 45, los operadores económicos conservarán la titularidad de los derechos de propiedad intelectual surgidos durante el procedimiento de innovación o en la ejecución del contrato público correspondiente, salvo que lo justifiquen razones imperiosas de interés público claramente indicadas en los detalles de la contratación. Dichas razones imperiosas de interés público podrán referirse, entre otras cosas, a la necesidad de evitar el bloqueo tecnológico o de proteger la seguridad o los servicios públicos críticos del comprador público, de un Estado miembro o de la Unión, en particular en lo que respecta a las infraestructuras críticas.

1.Para la ejecución de contratos públicos de obras con un valor estimado igual o superior a 25 000 000 EUR, los compradores públicos exigirán el uso del modelado de información de construcción en la ejecución de los contratos públicos de obras.

2.Se entenderá por «modelado de información de construcción» las metodologías de procesos digitales colaborativos que utilizan formatos abiertos e interoperables con el fin de crear, gestionar y compartir información estructurada sobre un contrato público de obras a lo largo de todo su ciclo de vida.

3.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los compradores públicos podrán hacer cualquiera de las cosas siguientes:

(a)solicitar el uso del modelado de información de construcción únicamente a determinados contratistas, o en determinados lotes, cuando tales requisitos impusieran de otro modo una carga desproporcionada a los operadores económicos afectados y no sea necesario cubrir íntegramente el proyecto con el modelado de información de construcción, o

(b)no solicitar el uso del modelado de información de construcción o solicitar su uso únicamente para determinadas partes de la solución o a determinados contratistas, cuando tales requisitos supusieran de otro modo un riesgo para la seguridad o la seguridad pública.

4.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 a fin de modificar el presente Reglamento para reducir el umbral establecido en el apartado 1 cuando lo justifique una mayor implantación del modelado de información de construcción en el mercado.

1.Los compradores públicos adoptarán medidas adecuadas, además de las medidas exigidas o impuestas en virtud de otros actos legislativos de la Unión, cuando proceda, en cualquier fase del procedimiento de contratación, desde la planificación y la consulta del mercado hasta la adjudicación y la ejecución del contrato, para garantizar la protección de los intereses de seguridad y de seguridad pública de la Unión o de uno o varios Estados miembros en todo procedimiento de contratación pública identificado como un procedimiento que presenta o conlleva un riesgo para la seguridad o la seguridad pública. El presente capítulo se entenderá sin perjuicio de otros requisitos establecidos en la legislación pertinente de la Unión.

2.Los intereses de seguridad y de seguridad pública de la Unión o de un Estado miembro pertinentes para un contrato determinado podrán incluir, entre otros, los siguientes:

(a)la protección de las infraestructuras críticas, de las infraestructuras estratégicas de doble uso determinadas por los Estados miembros de conformidad con [el artículo 33 del Reglamento sobre movilidad militar], especialmente las situadas en un corredor de movilidad militar, de las cadenas de suministro críticas, de las tecnologías críticas o de los servicios esenciales, la resiliencia frente a amenazas físicas, cibernéticas o híbridas, y la prevención de los riesgos de cualquier perturbación y la protección frente a ellos, incluidos los debidos a dependencias estratégicas perjudiciales de proveedores de terceros países,

(b)la prevención del espionaje, el sabotaje o la fuga de tecnología;

(c)la preparación para crisis, incluida la planificación de la continuidad de las actividades y de contingencias ante perturbaciones en caso de catástrofes naturales o de inestabilidad geopolítica, pandemias o ciberataques;

(d)la prevención de otras injerencias perjudiciales, incluida la influencia de terceros países y la influencia controlada por el Estado de terceros países;

(e)la ciberseguridad de los sistemas, las redes y los datos tratados;

(f)la protección de la información clasificada, los datos sensibles, la investigación o la propiedad intelectual frente al acceso o la transferencia no autorizados;

(g)la garantía de la salud pública, incluidos unos servicios sanitarios preparados para crisis y autosuficientes, o

(h)la resiliencia frente a las perturbaciones relacionadas con el clima.

3.Los riesgos para la seguridad o la seguridad pública en un contrato público podrán derivarse, en particular:

(a)del objeto del contrato, como:

(i)el carácter sensible de los activos implicados o que deban desarrollarse en su ejecución;

(ii)el acceso a datos sensibles y su tratamiento;

(iii)la dependencia crítica, o el riesgo de dependencia crítica, de un número limitado de proveedores, bienes, servicios o tecnologías de terceros países;

(iv)los riesgos asociados al acceso a infraestructuras críticas, a infraestructuras estratégicas de doble uso determinadas por los Estados miembros de conformidad con [el artículo 33 del Reglamento sobre movilidad militar], a instalaciones de investigación, a sistemas informáticos o a materiales críticos;

(v)el carácter de doble uso de las tecnologías, obras, bienes o servicios contratados;

(vi)la naturaleza de los intereses públicos vinculados a él y las posibles consecuencias de un mal funcionamiento o de una ejecución deficiente, como los perjuicios para la seguridad pública, la seguridad nacional, la estabilidad económica, la seguridad sanitaria o los derechos fundamentales;

(b)de las características de los operadores económicos, como:

(i)una estructura de propiedad, de control o de financiación que conlleve riesgos de injerencia o influencia indebidas sobre él;

(ii)sus antecedentes en materia de seguridad, incluidas las vulneraciones anteriores, el incumplimiento de normas de seguridad o la exclusión de otros procedimientos de contratación por motivos de seguridad;

(iii)la capacidad de cumplir los requisitos aplicables en materia de habilitación de seguridad, de investigación de seguridad del personal o de seguridad de la información;

(iv)la exposición a la legislación de terceros países que pueda obligar a divulgar información sensible o a interferir en la ejecución del contrato.

4.Los compradores públicos especificarán, en la medida de lo posible, en los detalles de la contratación, de manera clara y suficientemente detallada, medidas adecuadas que sean proporcionadas a los riesgos a que se refiere el apartado 3 y no discriminatorias. Dichas medidas podrán aplicarse, en particular, mediante:

(a)especificaciones, como normas de seguridad obligatorias, certificaciones, obligaciones de investigación de seguridad del personal o de habilitación de seguridad, o requisitos de gestión de riesgos y de garantía;

(b)criterios de adjudicación, como la evaluación de los sistemas de gestión de la seguridad de los licitadores, las normas de cumplimiento en materia de seguridad, las capacidades de respuesta a incidentes y la seguridad de la cadena de suministro;

(c)condiciones de ejecución de los contratos, como la posibilidad de supervisar la seguridad de los proveedores mediante auditorías, inspecciones o revisiones de documentación y la aplicación de medidas correctivas en caso de vulneraciones, incluidas disposiciones sobre subcontratación, notificación de cambios de propiedad y protección de la información clasificada o sensible;

(d)criterios de selección, cuando esté justificado, como estar en posesión de habilitaciones de seguridad o exigir de otro modo a los licitadores que demuestren que no presentan riesgos para la seguridad o la seguridad pública con arreglo al apartado 3, letra b). Lo anterior se entenderá sin perjuicio del artículo 26;

(e)como excepción a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, invitar a presentar una oferta en el procedimiento a que se refiere el artículo 34 únicamente a los operadores económicos que cumplan requisitos específicos, objetivos y no discriminatorios relacionados con la seguridad, siempre que el comprador público haya indicado su intención de hacerlo, así como los requisitos relacionados con la seguridad que tenga previsto aplicar, en el resumen público de licitación de la contratación de que se trate.

Los compradores públicos podrán indicar asimismo en los detalles de la contratación las medidas de seguridad que tengan previsto aplicar en caso de que surjan riesgos para la seguridad o la seguridad pública durante el procedimiento de contratación.

5.Los compradores públicos excluirán, en cualquier momento del procedimiento, a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación cuando dicho operador haya sido determinado como proveedor de alto riesgo en virtud del Reglamento (UE) XXXX/XXX [propuesta CSA2] en relación con el suministro de componentes de TIC o de componentes que incluyan componentes de TIC destinados a utilizarse en activos de TIC clave determinados de conformidad con el artículo […] de dicho Reglamento.

6.Cuando existan pruebas de que las disparidades entre las medidas afectan al funcionamiento del mercado interior, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 a fin de completar el presente Reglamento estableciendo especificaciones técnicas, criterios de selección, criterios de adjudicación o cláusulas de ejecución de los contratos obligatorios para categorías específicas de bienes, servicios u obras, cuando dichos elementos respondan a un interés específico de seguridad y de seguridad pública de la Unión que se haya determinado.

1.Sin perjuicio del Derecho contractual de los Estados miembros, el comprador público podrá resolver un contrato total o parcialmente cuando determine que el contratista ha incumplido medidas u obligaciones destinadas a prevenir o mitigar riesgos para la seguridad o la seguridad pública, o que un riesgo para la seguridad o la seguridad pública se ha materializado o es probable que se materialice. En las mismas condiciones, podrán excluir a determinados operadores económicos durante la ejecución del contrato.

2.La resolución y la exclusión en virtud del presente artículo serán proporcionadas en relación con el riesgo para la seguridad o la seguridad pública. Antes de resolver un contrato o de excluir a un operador económico, el comprador público realizará una evaluación por escrito. El comprador público tendrá en cuenta, en particular:

(a)la gravedad del riesgo para la seguridad o la seguridad pública;

(b)la incidencia de la resolución en la prestación de los servicios públicos;

(c)medidas de mitigación alternativas, como modificaciones contractuales o un seguimiento reforzado.

3.Salvo que lo justifiquen la gravedad de los riesgos de que se trate o la inminencia de la amenaza, o cuando la notificación pueda agravar el riesgo, el comprador público notificará por escrito al contratista su intención de proceder a la resolución o a la exclusión, especificando:

(a)los motivos de la resolución o de la exclusión;

(b)los hechos y pruebas en que se basa la decisión, con excepción de la información clasificada;

(c)la fecha propuesta de la resolución o de la exclusión.

4.El contratista dispondrá de un plazo adecuado, fijado por el comprador público, que no podrá ser inferior a diez días naturales, para presentar observaciones sobre los motivos de la resolución o de la exclusión y proponer medidas correctoras. El comprador público podrá acortar dicho plazo en caso de emergencia.

5.El contratista cooperará con el comprador público para proteger o transferir los datos, documentos o activos relacionados con el contrato y garantizar la continuidad de los servicios críticos hasta que la resolución surta efecto.

1.Cuando los productos con elementos digitales entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2024/2847, los Estados miembros garantizarán que se tenga en cuenta en el proceso de contratación el cumplimiento de los requisitos esenciales de ciberseguridad establecidos en el anexo I de dicho Reglamento, incluida la capacidad de los fabricantes para gestionar eficazmente las vulnerabilidades.

2.El presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros someter los productos con elementos digitales a requisitos de ciberseguridad adicionales para la contratación o el uso de dichos productos con fines específicos, también cuando dichos productos se contraten o utilicen con fines de seguridad nacional o de defensa, siempre que dichos requisitos sean coherentes con las obligaciones de los Estados miembros establecidas en el Derecho de la Unión y sean necesarios y proporcionados para la consecución de dichos fines.

3.Sin perjuicio del apartado 1 y sin perjuicio de la Directiva (UE) 2022/2555, cuando proceda, los compradores públicos podrán especificar en los detalles de la contratación requisitos relativos a la ciberseguridad de las obras, suministros o servicios contratados. A tal fin, podrán incluir especificaciones, criterios de selección, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución de los contratos. Dichos requisitos estarán vinculados al objeto del contrato y respetarán los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad.

1.Cuando un contrato público esté destinado a ser ejecutado por un comprador público que haya sido determinado por el Estado miembro competente como entidad crítica de conformidad con el artículo 6 de la Directiva (UE) 2022/2557, el comprador público incluirá, cuando proceda, en los detalles de la contratación requisitos relativos a la seguridad del suministro, a la resiliencia económica, física y geopolítica, así como a la transparencia y la sostenibilidad de las cadenas de suministro de las obras, suministros o servicios contratados. Cuando proceda, dichos requisitos se basarán en los riesgos detectados mediante la obligación de evaluación de riesgos prevista en el artículo 12 de la Directiva (UE) 2022/2557.

2.Los requisitos a que se refiere el apartado 1 podrán establecerse en especificaciones, criterios de selección, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución de los contratos, estarán vinculados al objeto del contrato y respetarán los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad.

3.Los compradores públicos podrán exigir, entre otras cosas, que la oferta contenga, o que el contrato prevea, uno o varios de los elementos siguientes:

(a)la diversificación de la cadena de suministro, incluido el recurso a un enfoque de abastecimiento múltiple, la diversificación geográfica de la producción o la limitación de la dependencia de un único tercer país o de un único operador económico de un tercer país;

(b)la seguridad y la continuidad del suministro, en particular:

(i)una certificación o documentación que demuestre que la organización y la ubicación de la cadena de suministro del licitador le permitirán cumplir los requisitos de seguridad del suministro establecidos en los documentos del contrato;

(ii)un compromiso de garantizar que los posibles cambios en la cadena de suministro durante la ejecución del contrato no afectarán negativamente al cumplimiento de dichos requisitos;

(iii)obligaciones de almacenamiento de existencias en la Unión;

(iv)planes de continuidad de las actividades y de recuperación en caso de catástrofe;

(v)un compromiso del licitador de proporcionar, con arreglo a los términos y condiciones que se acuerden, los medios específicos necesarios para la producción o el suministro continuados de piezas de recambio, componentes, conjuntos, actualizaciones de software o equipos de prueba en caso de que ya no pueda garantizar el suministro por sí mismo;

(c)la preparación para crisis y la capacidad de respuesta ante picos de demanda, en particular:

(i)un compromiso del licitador de establecer o mantener, o ambas cosas, la capacidad necesaria, incluidas las capacidades de ampliación, para satisfacer las necesidades adicionales del comprador público como consecuencia de una crisis, con arreglo a los términos y condiciones que se acuerden;

(ii)planes de preparación para crisis, formación obligatoria de la dirección y del personal clave, y notificación de incidentes al comprador público;

(d)la transparencia y la trazabilidad de la cadena de suministro, cuando sea proporcionado a la importancia del contrato y a los riesgos que conlleve, incluida la calidad de la gestión de la cadena de suministro y de los planes de contingencia presentados por los licitadores;

(e)la obligación de los proveedores de servicios de indicar a todos los compradores públicos afectados cualquier posible doble asignación de capacidades o servicios, antes de aceptar pedidos incompatibles;

(f)una cláusula de participación flexible, que permita a otros compradores públicos adherirse como partes contratantes sin modificar el alcance material o cuantitativo del contrato.

4.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 por los que se establezcan especificaciones, criterios de selección, criterios de adjudicación o condiciones de ejecución de los contratos obligatorios relativos a la resiliencia, la seguridad del suministro y la transparencia de la cadena de suministro, para categorías específicas de obras, suministros o servicios en las que se haya detectado una dependencia crítica, un riesgo sistémico o una dimensión de infraestructura crítica.

5.El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los requisitos de seguridad del suministro establecidos en la legislación pertinente de la Unión, en particular de los requisitos del Reglamento (UE) 2019/1242 y del Reglamento (UE) 2024/1735.

1.A efectos del presente Reglamento, se considerará que un operador económico está «cubierto» cuando tenga su origen, con arreglo al artículo 74, apartado 1, en:

(a)un tercer país que sea parte en el ACP, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en virtud de dicho Acuerdo, teniendo en cuenta los anexos aplicables;

(b)un tercer país que haya celebrado con la Unión un acuerdo comercial bilateral o multilateral, en las condiciones establecidas en dicho acuerdo, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en materia de contratación pública contraídos en dicho acuerdo;

(c)un tercer país que haya celebrado con la Unión un acuerdo por el que se establece una unión aduanera, en las condiciones establecidas en dicho acuerdo, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en materia de contratación pública contraídos en dicho acuerdo.

2.A efectos del presente Reglamento, se considerará que los bienes, servicios u obras están «cubiertos» cuando tengan su origen, con arreglo al artículo 74, apartados 2, 3 y 4, en:

(a)un tercer país que sea parte en el ACP, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en virtud de dicho Acuerdo, teniendo en cuenta los anexos aplicables;

(b)un tercer país que haya celebrado con la Unión un acuerdo comercial bilateral o multilateral, en las condiciones establecidas en dicho acuerdo, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en materia de contratación pública contraídos en dicho acuerdo;

(c)un tercer país que haya celebrado con la Unión un acuerdo por el que se establece una unión aduanera, en las condiciones establecidas en dicho acuerdo, siempre que la contratación de que se trate entre en el ámbito de aplicación de los compromisos de la Unión en materia de contratación pública contraídos en dicho acuerdo.

1.La Comisión creará y pondrá a disposición, de forma gratuita, una herramienta en línea accesible al público en la que se recojan, de manera exhaustiva y actualizada, los compromisos de la Unión en materia de contratación pública contraídos en los acuerdos internacionales a que se refiere el artículo 70.

2.Los compradores públicos determinarán, a efectos de un procedimiento de contratación determinado, qué operadores económicos, bienes, servicios y obras están cubiertos de conformidad con el artículo 70, sobre la base de los acuerdos internacionales aplicables tal como se reflejan en la herramienta en línea a que se refiere el apartado 1 para los parámetros introducidos, incluidos el comprador público de que se trate, el objeto y el valor estimado del contrato en relación con los umbrales aplicables.

3.La Comisión mantendrá actualizada la herramienta en línea para que refleje plenamente y en todo momento los compromisos de la Unión en el ámbito de la contratación pública, en particular:

(a)los actos de la Unión, en particular las decisiones de la Comisión de excluir, total o parcialmente, a los operadores económicos, bienes, servicios u obras de un tercer país de los procedimientos de contratación pública en la Unión, de conformidad con la legislación de la UE aplicable;

(b)las medidas de la Unión relativas a los operadores económicos, bienes, servicios u obras cubiertos, de conformidad con el artículo 72.

(c)las medidas de la Unión relativas a los operadores económicos, bienes, servicios u obras no cubiertos, de conformidad con el artículo 75.

1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 141 a fin de modificar el artículo 70 estableciendo que los operadores económicos cubiertos de determinados terceros países, o todos o determinados bienes, servicios u obras cubiertos de determinados terceros países, o ambos, no se considerarán cubiertos cuando:

(a)la Comisión haya constatado, sobre la base de un análisis fáctico del acceso al mercado, que su país de origen no ha concedido trato nacional a los operadores económicos, bienes, servicios u obras de la Unión, en contra de sus compromisos en materia de contratación pública asumidos en un acuerdo internacional con la Unión;

(b)dicha exclusión esté justificada para evitar dependencias o cualquier otra evolución que pueda poner en peligro la seguridad del suministro en la Unión de los bienes o servicios de que se trate, o

(c)dicha restricción esté justificada al amparo de cualquier otra excepción prevista en el acuerdo aplicable, en particular en relación con la protección de los intereses de seguridad económica.

2.Los Estados miembros y las partes interesadas podrán presentar a la Comisión, en cualquier momento, indicios de la existencia de una de las situaciones a que se refiere el apartado 1.

1.Los compradores públicos podrán:

(a)restringir la participación únicamente a los operadores económicos y subcontratistas originarios de la Unión y a los que estén cubiertos o, en el caso de agrupaciones de operadores económicos o de cualquier otra forma de participación conjunta, a las agrupaciones compuestas exclusivamente por operadores económicos de la Unión o cubiertos, o a las agrupaciones en las que la mayoría, pero no la totalidad, de los miembros de la agrupación sean operadores económicos de la Unión o cubiertos;

(b)rechazar una oferta en el curso de un procedimiento cuando no haya sido presentada por operadores económicos o agrupaciones de la Unión o cubiertos, incluidos sus subcontratistas, a que se refiere la letra a).

2.Los compradores públicos podrán hacer una o varias de las cosas siguientes:

(a)exigir que los bienes, servicios y obras ofrecidos sean originarios de la Unión o sean bienes, servicios u obras cubiertos, ya sea en su totalidad, en cierta medida o en lo que respecta a componentes específicos que participen en la relación de competencia con los bienes, servicios u obras contratados;

(b)únicamente a efectos de la evaluación y la clasificación de las ofertas en la fase de adjudicación, sin que ello afecte al precio pagadero en virtud del contrato, aplicar una reducción porcentual al precio de la oferta o la asignación de puntos de adjudicación adicionales, cuando:

(i)la oferta haya sido presentada únicamente por operadores económicos y subcontratistas de la Unión o cubiertos o, en el caso de agrupaciones de operadores económicos o de cualquier otra forma de participación conjunta, por agrupaciones compuestas exclusivamente por dichos operadores o por agrupaciones en las que la mayoría, pero no la totalidad, de los miembros de la agrupación sean operadores económicos de la Unión o cubiertos, o

(ii)la oferta contenga una mayor proporción de bienes, servicios u obras de la Unión o cubiertos, en comparación con las demás ofertas presentadas;

(c)rechazar una oferta cuando el valor de los bienes, servicios u obras de la Unión o cubiertos que contenga la oferta sea inferior al 50 % del valor estimado total de la oferta.

3.Las medidas a que se refiere el apartado 2 solo podrán aplicarse si el comprador público las ha indicado claramente en el resumen público de licitación. El resumen público de licitación especificará los bienes, servicios u obras que deban ser originarios de la Unión o cubiertos, así como el porcentaje de reducción o la asignación de puntos de adjudicación, junto con el valor correspondiente que el comprador público aplicará para la evaluación y la clasificación de las ofertas en la fase de adjudicación.

4.Los compradores públicos notificarán a la autoridad nacional de coordinación designada en virtud del artículo 138 cualquier indicio de elusión de las medidas adoptadas en virtud del presente artículo. La autoridad nacional de coordinación informará a la Comisión de cualquier deficiencia sistémica detectada sobre la base de dichas notificaciones.

1.El origen de los operadores económicos o subcontratistas se determinará de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2022/1031.

2.El origen de los bienes se determinará de conformidad con el título II, capítulo 2, sección 1, del Reglamento (UE) n.º 952/2013.

3.El origen de los servicios se determinará sobre la base del origen del operador económico o subcontratista que preste el servicio.

4.El origen global de las obras se determinará con arreglo al origen del operador económico, o subcontratista, que las ejecute. A efectos de los requisitos de preferencia europea, los compradores podrán determinar por separado, con arreglo al apartado 2, el origen de los bienes utilizados como parte de las obras.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, con arreglo al artículo 141, a fin de modificar el artículo 73 para exigir a los compradores públicos que apliquen cualquiera de los requisitos de preferencia europea establecidos en el artículo 73 en relación con los operadores económicos y subcontratistas, bienes, servicios y obras que no estén cubiertos de conformidad con el artículo 70, cuando ello redunde en interés de la Unión.

Los compradores públicos podrán decidir no aplicar los requisitos de preferencia europea, incluidos los establecidos en los actos delegados adoptados en virtud del artículo 75, cuando:

(a)los contratos de que se trate se rijan por el artículo 48;

(b)los productos o servicios requeridos no puedan ser suministrados o prestados por un operador económico de la Unión o cubierto y no exista ninguna alternativa o sustituto razonable;

(c)no se haya presentado ninguna oferta o solicitud de participación adecuada, incluso en respuesta a un procedimiento de contratación pública similar iniciado por el mismo comprador público en los dos años anteriores al inicio del nuevo procedimiento de contratación previsto, o

(d)la aplicación de dichos requisitos de preferencia europea implique que un comprador público tenga que adquirir bienes, servicios u obras a un coste desproporcionado.

Cuando la legislación de la Unión contenga disposiciones que restrinjan o sometan a condiciones la participación en los procedimientos de contratación pública o que concedan preferencia en función del origen de los operadores económicos, bienes, servicios u obras, se aplicarán las normas establecidas en el presente capítulo, salvo que la legislación de la Unión de que se trate disponga otra cosa.

1.El presente Reglamento no se aplica a los contratos públicos cuyo objeto entre en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE, incluidos los contratos de importe inferior al umbral establecido en el artículo 8 de dicha Directiva y los contratos a los que dicha Directiva no se aplique en virtud de sus artículos 12 o 13.

2.El presente Reglamento no se aplica a los contratos públicos no exentos de conformidad con el apartado 1, en la medida en que la protección de los intereses esenciales de seguridad de un Estado miembro no pueda garantizarse mediante medidas menos invasivas, en particular las medidas establecidas en el título II, capítulo 4, de la presente parte, o mediante requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que el comprador público facilite en un procedimiento de adjudicación de contratos con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

3.Además, de conformidad con el artículo 346, apartado 1, letra a), del Tratado, el presente Reglamento no se aplica a los contratos públicos que no estén exentos de otro modo en virtud del apartado 1 del presente artículo en la medida en que la aplicación del presente Reglamento obligue a un Estado miembro a suministrar información cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de su seguridad.

4.Cuando la contratación y la ejecución del contrato público se declaren secretas o deban ir acompañadas de medidas especiales de seguridad de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en un Estado miembro, el presente Reglamento no se aplica siempre que el Estado miembro haya determinado que los intereses esenciales de seguridad de que se trate no pueden garantizarse mediante medidas menos invasivas, como las contempladas en el apartado 2.

El presente Reglamento no se aplica a la contratación relativa a contratos públicos que contengan exclusivamente servicios de investigación y desarrollo tal como se definen en el artículo 6, punto 16. La primera frase no se aplica a la contratación relativa a contratos públicos que contengan, además de servicios de investigación y desarrollo tal como se definen en el artículo 6, punto 16, otros elementos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, en particular cuando la prueba y la validación formen parte del procedimiento de innovación en virtud del título I, capítulo 4, de la presente parte, o cuando la investigación y el desarrollo se integren como técnica de innovación en una contratación pública que entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento en virtud del artículo 61.

1.El presente Reglamento no se aplica a los contratos públicos adjudicados por compradores públicos a una persona jurídica de Derecho privado o público, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes en el momento de la adjudicación:

(a)que el comprador público ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, es decir, que ejerza una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas de la persona jurídica controlada; dicho control podrá ser ejercido también por otra persona jurídica, que a su vez esté controlada del mismo modo por el comprador público;

(b)que más del 80 % de las actividades de la persona jurídica controlada se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le hayan sido confiados por el comprador público que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho comprador público, y

(c)que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada.

2.El apartado 1 se aplica también cuando una persona jurídica controlada que sea un comprador público adjudique un contrato al comprador público que la controla o a otra persona jurídica controlada por el mismo comprador público, siempre que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica a la que se adjudique el contrato público.

3.El presente Reglamento no se aplica cuando un comprador público que no ejerza sobre una persona jurídica de Derecho privado o público un control en el sentido del apartado 1 adjudique un contrato público a dicha persona jurídica, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes en el momento de la adjudicación:

(a)que el comprador público ejerza, conjuntamente con otros compradores públicos, un control sobre dicha persona jurídica análogo al que ejercen sobre sus propios servicios, es decir:

(i)que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada estén compuestos por representantes de todos los compradores públicos participantes, si bien cada representante podrá representar a varios o a la totalidad de los compradores públicos participantes;

(ii)que dichos compradores públicos puedan ejercer conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y las decisiones significativas de la persona jurídica controlada;

(iii)que la persona jurídica controlada no persiga intereses contrarios a los de los compradores públicos que la controlan;

(b)que más del 80 % de las actividades de dicha persona jurídica se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le hayan sido confiados por los compradores públicos que la controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos compradores públicos, y

(c)que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica controlada, con la excepción de las formas de participación de capital privado sin capacidad de control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Tratados, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la persona jurídica controlada.

4.Para determinar el porcentaje de actividades a que se refieren el apartado 1, párrafo primero, letra b), y el apartado 3, párrafo primero, letra b), se tomará en consideración el promedio del volumen de negocios total o, cuando el volumen de negocios no refleje adecuadamente el volumen de las actividades realizadas, otro indicador cuantitativo objetivo y verificable de dichas actividades, como los gastos soportados o los ingresos globales obtenidos, durante los tres años anteriores a la adjudicación del contrato. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de actividad de la persona jurídica o del comprador público de que se trate, o debido a una reorganización de sus actividades, el volumen de negocios, u otros indicadores alternativos basados en la actividad, como los gastos, no estén disponibles respecto de los tres años anteriores o hayan dejado de ser pertinentes, será suficiente con demostrar que el cálculo del nivel de actividad es creíble, en particular mediante proyecciones de negocio.

5.Los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones nacionales más estrictas sobre los contratos excluidos en virtud del presente artículo.

6.Las exclusiones previstas en el presente artículo no se aplicarán si el contrato público va a subcontratarse en su totalidad sin un procedimiento de contratación.

1.El presente Reglamento no se aplica a los contratos celebrados exclusivamente entre dos o más poderes adjudicadores, incluso cuando estos ejerzan actividades en virtud de los artículos 12 a 18, siempre que, en el momento de la adjudicación:

(a)el contrato resultante establezca o desarrolle una relación de cooperación entre los poderes adjudicadores participantes con la finalidad de garantizar que los servicios públicos que les incumben se presten de modo que se logren los objetivos que tienen en común;

(b)el desarrollo de dicha cooperación se rija únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público;

(c)los poderes adjudicadores participantes realicen en el mercado abierto menos del 20 % de las actividades objeto de la cooperación.

2.Una relación de cooperación en virtud del apartado 1, letra a), podrá abarcar todo tipo de actividades en cualquier forma jurídica o estructura o acuerdo temporal, pero requiere una auténtica colaboración de todas las partes mediante contribuciones efectivas, que podrán ser idénticas o complementarias o diferentes en magnitud o naturaleza, pero no se limitarán a un reparto de costes.

3.El artículo 80, apartado 4, se aplicará en relación con el porcentaje de actividades a que se refiere el apartado 1, letra c), del presente artículo.

4.La exclusión prevista en el presente artículo no se aplicará si las soluciones prestadas sobre la base del contrato resultante han de subcontratarse en su totalidad sin un procedimiento de contratación.

1.El presente Reglamento no se aplica cuando las autoridades regionales o locales se encomiendan mutuamente la ejecución de tareas que les incumben, o utilizan con ese fin los recursos propios de las demás, incluso únicamente a cambio de una remuneración, siempre que realicen la tarea con recursos propios. A efectos del presente artículo, los recursos propios no incluyen los bienes aún no adquiridos ni los servicios que estén prestando a una de las autoridades locales o regionales participantes operadores económicos o personas jurídicas destinatarios de un encargo en virtud del artículo 80, apartados 1, 2 y 3.

2.A efectos del presente artículo, las «autoridades regionales» incluyen las autoridades que figuran, con carácter no exhaustivo, en las NUTS 1 y NUTS 2, a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 1059/2003, mientras que las «autoridades locales» incluyen todas las autoridades de las unidades administrativas comprendidas en las NUTS 3 y de las unidades administrativas menores, a que se refiere dicho Reglamento.

1.El presente Reglamento no se aplica cuando las entidades adjudicadoras adjudiquen un contrato público de cualquiera de las formas siguientes:

(a)por una entidad adjudicadora a una empresa asociada;

(b)por una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar actividades descritas en los artículos 12 a 18, a una empresa que esté asociada a una de dichas entidades adjudicadoras.

2.El apartado 1 se aplicará siempre que al menos el 80 % del promedio del volumen de negocios total de la empresa asociada durante los tres años anteriores proceda de la prestación de servicios, suministros u obras a la entidad adjudicadora o a otras empresas con las que esté asociada. Cuando, debido a la fecha de creación o de inicio de las actividades de una empresa asociada, no se disponga del volumen de negocios de los tres años anteriores, bastará con que dicha empresa demuestre que el volumen de negocios es verosímil, en particular mediante proyecciones de negocio. Cuando más de una empresa asociada a la entidad adjudicadora con la que formen un grupo empresarial preste servicios, suministros u obras idénticos o similares, los porcentajes se calcularán teniendo en cuenta el volumen de negocios total resultante, respectivamente, de la prestación de servicios, suministros u obras por dichas empresas asociadas.

3.A efectos del presente artículo, se entenderá por «empresa asociada» toda empresa que cumpla cualquiera de los siguientes requisitos:

(a)cuyas cuentas anuales estén consolidadas con las de la entidad adjudicadora de conformidad con los requisitos establecidos en la Directiva 2013/34/UE;

(b)en el caso de entidades que no estén sujetas a la Directiva 2013/34/UE, cualesquiera empresas que cumplan una de las condiciones siguientes:

(i)estén sometidas, directa o indirectamente, a una influencia dominante de la entidad adjudicadora;

(ii)ejerzan una influencia dominante sobre la entidad adjudicadora;

(iii)estén sometidas, junto con la entidad adjudicadora, a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad, participación financiera o las normas que la rigen.

4.A efectos del presente artículo, «influencia dominante» tendrá el mismo significado que el establecido en el artículo 8, apartado 2. La Comisión podrá solicitar pruebas que demuestren que la relación entre la empresa a la que se adjudica el contrato y la entidad adjudicadora cumple los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3.

1.El presente Reglamento no se aplica a los contratos públicos adjudicados por:

(a)una empresa conjunta, constituida exclusivamente por varias entidades adjudicadoras con el fin de desarrollar actividades descritas en los artículos 12 a 18, a una de dichas entidades adjudicadoras, siempre que la empresa conjunta se haya constituido para desarrollar la actividad de que se trate durante un período mínimo de tres años y que el instrumento por el que se constituya la empresa conjunta estipule que las entidades adjudicadoras que la componen formarán parte de ella al menos durante el mismo período;

(b)una entidad adjudicadora que forme parte de una empresa conjunta contemplada en la letra a) a dicha empresa conjunta.

2.La Comisión podrá solicitar pruebas que demuestren que la relación entre la empresa conjunta a la que se adjudican los contratos y la entidad adjudicadora cumple los requisitos establecidos en el apartado 1.

1.El presente Reglamento no se aplica a:

(a)los contratos públicos de servicios adjudicados por un comprador público a otro comprador público o a una asociación de compradores públicos sobre la base de un derecho exclusivo del que gocen en virtud de una disposición legal, reglamentaria o administrativa publicada que sea compatible con el Tratado;

(b)los contratos públicos cuyo objeto principal sea permitir a los compradores públicos la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o la prestación al público de uno o varios servicios de comunicaciones electrónicas; a efectos del presente artículo, «red pública de comunicaciones electrónicas» y «servicio de comunicaciones electrónicas» tendrán el mismo significado que en la Directiva (UE) 2018/1972;

(c)los contratos públicos que deban organizarse con arreglo a procedimientos de contratación distintos de los establecidos en el presente Reglamento, cuando dichos procedimientos hayan sido establecidos:

(i)por un acuerdo internacional celebrado de conformidad con los Tratados y se refieran a la ejecución de un proyecto común que requiera compras comunes;

(ii)por una organización internacional, o

(iii)por una institución financiera internacional que financie íntegramente el proyecto de que se trate; cuando el proyecto de que se trate esté cofinanciado mayoritariamente por dicha institución, las partes acordarán qué normas de contratación serán aplicables;

(d)la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios existentes u otros bienes inmuebles, o que se refieran a derechos sobre estos bienes;

(e)la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de programas destinado a servicios de medios de comunicación en el sentido del Reglamento (UE) 2024/1083;

(f)los servicios jurídicos que requieran habilitación para el ejercicio de la abogacía, como la defensa en litigios o la representación formal en procedimientos judiciales, o que estén relacionados con el ejercicio de funciones públicas, incluidos los servicios de certificación y autenticación de documentos que deban prestar los notarios;

(g)los servicios de arbitraje y de conciliación;

(h)los servicios financieros relacionados con la prestación de servicios de inversión o la realización de actividades de inversión en el sentido de la Directiva 2014/65/UE y del Reglamento (UE) n.º 600/2014, la administración de índices de referencia en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1011, los servicios prestados por bancos centrales y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad;

(i)los servicios de valoración a que se refieren los artículos 36 y 74 de la Directiva 2014/59/UE;

(j)las subvenciones, la financiación, las inversiones o los préstamos, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros;

(k)los servicios de defensa civil, protección civil y prevención de riesgos que sean prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y que estén cubiertos por los códigos CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 y 85143000-3, excepto los servicios de ambulancia para el transporte de pacientes;

(l)los servicios de campañas políticas cubiertos por los códigos CPV 79341400-0, 92111230-3 y 92111240-6, cuando sean adjudicados por un partido político en el marco de una campaña electoral;

(m)los contratos de trabajo;

(n)los contratos de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o en metro en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1370/2007.

2.Además de lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento no se aplica a los siguientes contratos relativos a actividades en los sectores especiales con arreglo a la parte II, título I, capítulo 2:

(a)los contratos de compra de agua, si son adjudicados por entidades adjudicadoras que ejerzan una o ambas de las actividades relativas al agua potable a que se refiere el artículo 14;

(b)los contratos adjudicados por entidades adjudicadoras que operen ellas mismas en el sector de la energía por ejercer una actividad contemplada en el artículo 12, apartado 1, el artículo 13, apartado 1, o el artículo 18, para el suministro de energía o de combustibles destinados a la producción de energía;

(c)los contratos adjudicados por entidades adjudicadoras con fines de reventa o arrendamiento a terceros, siempre que la entidad adjudicadora no goce de ningún derecho especial o exclusivo de vender o arrendar el objeto de dichos contratos y que otras entidades puedan venderlo o arrendarlo libremente en las mismas condiciones que la entidad adjudicadora;

(d)los contratos adjudicados por entidades adjudicadoras con fines distintos de la realización de sus actividades descritas en los artículos 12 a 18 o para la realización de dichas actividades en un tercer país en condiciones que no supongan la explotación física de una red o de un área geográfica dentro de la Unión, ni a los concursos de proyectos organizados con tales fines.

1.El presente artículo se aplica a los contratos mixtos que tengan por objeto contratación cubierta por el presente Reglamento y contratación cubierta por el artículo 346 del Tratado o por la Directiva 2009/81/CE.

2.Cuando las distintas partes de un determinado contrato público sean objetivamente separables, los compradores públicos podrán optar por adjudicar contratos distintos para las partes separadas o por adjudicar un contrato único.

3.Cuando los compradores públicos opten por adjudicar contratos distintos para partes separadas, la decisión sobre el régimen jurídico aplicable a cada uno de dichos contratos distintos se adoptará en función de las características de la parte separada de que se trate.

4.Cuando los compradores públicos opten por adjudicar un contrato único, se aplicarán los siguientes criterios para determinar el régimen jurídico aplicable:

(a)cuando parte de un determinado contrato esté cubierta por el artículo 346 del Tratado, el contrato podrá adjudicarse sin aplicar el presente Reglamento, siempre que la adjudicación de un contrato único esté justificada por razones objetivas;

(b)cuando parte de un determinado contrato esté cubierta por la Directiva 2009/81/CE, el contrato podrá adjudicarse de conformidad con dicha Directiva, siempre que la adjudicación de un contrato único esté justificada por razones objetivas, a reserva de los umbrales y exclusiones previstos en dicha Directiva.

5.No obstante, la decisión de adjudicar un contrato único no podrá adoptarse con el fin de excluir contratos de la aplicación del presente Reglamento o de la Directiva 2009/81/CE.

6.El apartado 2, párrafo tercero, letra a), se aplica a los contratos mixtos a los que, de otro modo, podrían aplicarse tanto la letra a) como la letra b) de dicho párrafo.

7.Cuando las distintas partes de un determinado contrato no sean objetivamente separables, el contrato podrá adjudicarse sin aplicar el presente Reglamento cuando incluya elementos a los que se aplique el artículo 346 del Tratado; en caso contrario, podrá adjudicarse de conformidad con la Directiva 2009/81/CE.

1.Los contratos que tengan por objeto dos o más tipos de contratación, a saber, obras, servicios o suministros, o que se destinen en parte al ejercicio de una actividad en los sectores especiales con arreglo a la parte II, título I, capítulo 2, se adjudicarán con arreglo a las disposiciones aplicables al tipo de contratación que caracterice el objeto principal del contrato de que se trate.

2.En el caso de los contratos mixtos que consistan en parte en servicios sociales, sanitarios y educativos en el sentido del artículo 58 y en parte en otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos que consistan en parte en dichos servicios y en parte en suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros sea el más elevado.

3.El presente Reglamento se aplica a los contratos que tengan por objeto contratación cubierta por el presente Reglamento y contratación no cubierta por el presente Reglamento, con independencia del objeto principal o del valor de las partes que, de otro modo, estarían sujetas a un régimen jurídico distinto, salvo que se disponga otra cosa en el artículo 86.

1.Los compradores públicos establecerán, como parte de los detalles de la contratación, especificaciones que definan las características de las obras, suministros o servicios objeto de la contratación. Las especificaciones se establecerán en términos objetivos, claros y mensurables, y se formularán de manera que permita a los operadores económicos interesados identificar el objeto del contrato y a los compradores públicos evaluar la adecuación de las ofertas a las especificaciones.

2.Las características a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato con arreglo al artículo 90, referirse a métodos o procesos específicos de producción o a aspectos estratégicos según lo establecido en el título II de la presente parte.

3.Las especificaciones describirán las características de la solución que vaya a adquirirse en términos de requisitos funcionales. Se entenderá por «requisito funcional» un requisito que describe el rendimiento, la función deseada, la capacidad, el efecto o el resultado que una obra, un producto o un servicio debe alcanzar, sin hacer referencia a medios técnicos, diseños o métodos específicos mediante los cuales hayan de alcanzarse las funciones o los efectos.

4.Los compradores públicos podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado 3 cuando las normas sean obligatorias en virtud del Derecho de la Unión o cuando las características no puedan describirse de forma suficiente o adecuada mediante requisitos funcionales. En este último caso, los compradores públicos podrán formular requisitos en las especificaciones, en particular mediante prescripciones técnicas de las obras o definiciones de las características de los suministros o servicios, o de cualquiera de las formas siguientes, por referencia, por orden de preferencia, a:

(a)normas armonizadas, así como normas y productos de normalización cuyas referencias se hayan publicado, a efectos del presente apartado, en el Diario Oficial de la Unión Europea o por cualquier otro medio previsto de conformidad con la legislación de la Unión, y especificaciones comunes, entendidas como una especificación técnica distinta de una norma y adoptada por la Comisión, y la conformidad con las cuales confiere una presunción de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación de la Unión pertinente;

(b)a normas europeas tal como se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1025/2012, incluidas las normas nacionales que transpongan normas europeas;

(c)documentos de evaluación europeos;

(d)normas internacionales;